Fernando Jáuregui – Y ¿por qué no adelgazar el peso del Estado?


MADRID, 5 (OTR/PRESS)

Las reformas emprendidas han de tener mayor calado. Es una conclusión con la que todos parecen estar de acuerdo. Es preciso «meter la tijera» en organismos elefantiásicos, superados por la realidad e inoperantes. España es un país excesivamente vertebrado en lo oficial y fuertemente invertebrado en lo referente a la sociedad civil, entre otras cosas porque desde siempre «lo estatal» ha invadido «lo privado», y no en los aspectos productivos, sino en los normativos, reglamentarios y representativos. Y, así, nos encontramos con que el peso del Estado es abrumador, lo que no redunda precisamente en un mejor funcionamiento del mismo, sino todo lo contrario.

Dentro de esta especie de revisión de casi todo, en la que, yo creo que más para bien que para mal, estamos embarcados desde hace más de un año, y especialmente en los últimos seis meses, se ha denunciado muchas veces el excesivo número de representantes políticos con que cuenta España: entre parlamentarios (diputados y senadores) nacionales, diputados autonómicos y provinciales, corporaciones locales, hemos producido una auténtica inflación de «casta política» con un coste y unas atribuciones difícilmente comprendidas por el ciudadano de a pie. España es, en términos relativos, la nación europea con mayor número porcentual de políticos «profesionales» -y, por cierto, también de funcionarios-.

Desde las propias instancias políticas se ha sugerido, por ejemplo, rebajar el número de diputados en la Asamblea de Madrid, que es claramente excesivo, de la misma manera que se ha intentado -y es tarea muchas veces empezada y jamás completada- una reforma a fondo del Senado, que limite número de senadores, gastos y boatos, al tiempo que reoriente las funciones de la Cámara Alta.

Y, así, mientras la cosa no se arregle, mientras no se supriman diputaciones provinciales y no pocas corporaciones de municipios pequeños, mientras las mancomunidades sigan teniendo su actual peso, mientras tanto personaje público no renuncie a tener un jefe de Gabinete y un Gabinete completo, mientras los parlamentos autonómicos sigan a tope de «habitantes» y legislando casi en el vacío, las disfunciones y los dispendios continuarán. Se mantendrán las duplicidades legislativas, los conflictos de competencias, las burocracias y las trabas para el desarrollo de una auténtica sociedad civil.

Ya sé que ciertas de estas reformas necesitarían, para su perfecta puesta en marcha, de algunas revisiones a la actual Constitución. Hace años que tales revisiones deberían haberse emprendido. Probablemente, un obstáculo para un mayor protagonismo de la sociedad civil lo constituyen varios de los aspectos más anticuados de una Constitución, la de 1978, que sigue, a mi entender, siendo perfectamente válida. Pero que es, digámoslo así, «modernizable» (por ejemplo, entre las cuestiones menores, sigue hablando de cosas como el servicio militar obligatorio o los tribunales de honor; no cita al euro, ni a Europa, ni a las autonomías, y su Título VIII, que regula las autonomías, necesita de urgentes retoques). Pero lo cierto es que para «adelgazar» el Estado en una primera instancia no es precisa esa reforma, sino un gran pacto político, económico, autonómico y civil. Ese es el salto hacia la definitiva modernización de España.

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