MADRID, 5 (OTR/PRESS)
Delincuentes, locos y presos, más de 3.000 en las cárceles españolas. Un cóctel explosivo. Leyes sanitarias que se incumplen. Una vergüenza. Una sociedad que da la espalda a la verdad, que no quiere saber nada, que mira hacia otro lado. Seamos correctos en las formas y radicales en el fondo: «enfermos mentales y personas con discapacidad intelectual ante el delito y las instituciones penitenciarias». Ese fue el tema de una Jornada apasionante organizada por la Fundación de la Abogacía Española junto con el CERMI y la Fundación ONCE. Son conocidos jurídicamente como «inimputables», que no es una casta sino personas que no tienen capacidad para comprender lo que es lícito y lo que no, que no tienen aptitud o capacidad para saber que cometen un delito, y que son condenados a penas de cárcel, sabiendo que no es el lugar idóneo para ellos, que quienes les traten no vana saber cómo hacerlo, que no van a poder recuperarse, que su salud se va a agravar y que cuando salgan, el problema será más grave.
Más datos: la prevalencia de la enfermedad mental en la población reclusa es alrededor de 5 veces más alta que entre la población general. Los 3.000 enfermos con trastornos psicóticos en las cárceles españolas representan el 4% de los presos. En un mes cualquiera, aproximadamente un 41% de los presos sufren algún tipo de trastorno mental y en el mismo período de tiempo, aproximadamente un 17% de los presos sufren algún trastorno mental como consecuencia del consumo de drogas. Las personas encarceladas tienen entre 4 y 6 veces más probabilidad de padecer un trastorno psicótico o depresión grave que la población general y alrededor de 10 veces más probabilidad de ser diagnosticados de un trastorno antisocial de la personalidad.
Esquizofrénicos, enfermos psiquiátricos graves, que se convertirán en crónicos, con una doble condena y que son grave y conscientemente discriminados porque muchas personas sanas que cometen el mismo delito quedan en libertad y ellos van siempre a la cárcel, aunque la cárcel no les vaya a rehabilitar nunca. No están formados específicamente ni los jueces o fiscales que les tienen que acusar o juzgar, ni los que abogados que tienen que defenderles -a veces, además, los intereses de la familia se contradicen con los del delincuente-, ni los que tienen que adoptar y ejecutar las medidas de seguridad, ni los funcionarios que los vigilan ni los facultativos.
Hay, además, una falta terrible de coordinación entre todos los que intervienen en este proceso y una dejación de responsabilidad casi absoluta pro parte de las comunidades autónomas con escasísimas excepciones. No hay controles judiciales ni revisiones periódicas ni nada. Se pide un Estatuto diferenciado del enfermo mental o de la persona con discapacidad que se encuentra en prisión que permitiría aliviar el problema. Pero el asunto es mucho más profundo y exige más. Especialmente una sensibilización social. En lugar de tratarles se les castiga. Serán siempre delincuentes y nunca enfermos con derechos reconocidos.
