MADRID, 10 (OTR/PRESS)
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo acaba de dar un golpe de muerte a la doctrina Parot. Establece este tribunal algo tan elemental como la imposibilidad de que los penas aplicadas a un delito sean retroactivas y con ellas las secuelas y condiciones de cumplimiento de la sentencia.
Ocurre cuando se legisla al calor de la indignación popular por la aplicación de la legislación vigente a un recluso especialmente sanguinario. Agravar su condición penitenciaria para que no salga a la calle cuando ha cumplido su condena con la aplicación de los beneficios penitenciarios vigentes es contrario a la defensa de los derechos del condenado en aplicación de las leyes internacionales.
El terrorismo es una lacra y los estados están legitimados para agravar las penas y las condiciones de su cumplimiento. Pero sólo pueden estar vigentes estos criterios a partir de su aprobación y para delitos cometidos después de su entrada en vigor.
El derecho penal no es un menú a la carta en función de los climas de opinión pública. Y eso ocurre cuando un partido con posibilidades de gobernar ejerce el populismo en aprovechamiento de la legítima indignación de las víctimas y de la sociedad ante los beneficios de sanguinarios terroristas.
Todo dentro de la ley, nada al margen de la legalidad. Este podría ser el resumen de una sentencia histórica que va a caer como un jarro de agua fría ante conceptos que se ha inventado el Partido Popular en su peculiar carrera de utilización del terrorismo como arma política.
La sentencia se conoce cuando el Gobierno está a punto de movilizar un nuevo concepto: la cadena perpetua revisable que establecería condiciones ad hoc para la acumulación de sentencias de prisión, dejando al albur de un examen durante el cumplimiento la posibilidad real de una cadena perpetua que no contempla la Constitución.
Cuando se legisla con el estómago, la revocación de las sentencias produce más indignación que cuando se tiene la cabeza fría.
