MADRID, 25 (OTR/PRESS)
Las nuevas condiciones para acceder a los cuatrocientos euros para los parados de larga duración tienen un componente ideológico.
En primer lugar, se restringe la concesión a aquellos desempleados que convivan con familiares que tienen ingresos. Es decir, aquellos trabajadores que por estar en desempleo hayan tenido que volver al domicilio paterno son doblemente castigados si sus padres tienen ingresos. ¿Dónde queda la dignidad de quien en edad adulta tiene que refugiarse con sus padres, a los que ni siquiera pueden ayudar con esta pingüe prestación?
En segundo lugar, se les condena a buscar empleo, de forma activa, durante treinta días. Nada más parecido a la búsqueda de una aguja en un pajar de casi seis millones de parados. ¿De verdad cree el Gobierno que si hubiera una oferta razonable de empleo existirían esa cantidad de desocupados?
La idea de que los parados son una carga para las arcas públicas es perversa si no se añade a esa consideración la constatación del fracaso de unas medidas para combatir la crisis que siguen destruyendo empleos.
La criminalización como tecnología es una forma de encubrir el fracaso de gestión de Mariano Rajoy y además la búsqueda de culpables en quienes más sufren la crisis que son los desempleados de larga duración.
El ejemplo de la ministra de trabajo es perverso e infantil. Se cuestiona si hay que ayudar a quienes estando en el paro conviven con quienes juntan ocho mil euros al mes. ¿Cuántos de los posibles perceptores de estas ayudas están en esas condiciones?
Mientras tanto, el Gobierno ha tenido el gesto de disminuir de seiscientos mil euros a quinientos mil la retribución de directivos de bancos intervenidos y que gozarán de ayuda avalada por nuestros impuestos.
El abismo entre esta retribución y quienes reclaman cuatrocientos euros al mes para subsistir es evidente. No se trata de utilizar la demagógica, sino de señalar la aceptación universal de que hay ciudadanos de distintas castas. Aquellos que se presenta como sacrificados por vivir con quinientos mil euros al año y los que son procesados como posibles delincuentes por malvivir con cuatrocientos.
Criminalizados los sindicatos y los inmigrantes sin papeles, ahora toca el turno a la masa laboral que no tiene empleo. Y sin despeinarse.
