MADRID, 14 (OTR/PRESS)
Si se resiente la credibilidad del Gobierno no es precisamente por el caso Bolinaga. Para empezar, es competencia de los tribunales. No fue el ministro del Interior sino el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, quien decretó la libertad condicional del preso que en su día dispensó un trato cruel al funcionario de prisiones, Ortega Lara, objeto de uno de los más sonados secuestros de ETA.
La decisión del juez Castro se hizo firme el miércoles pasado al ser expresamente respaldada por una sección de la Audiencia Nacional. No prosperó el consabido recurso de la Fiscalía sobre la libertad del etarra. De los cinco magistrados, cuatro se decantaron a favor de mandar a su casa a Bolinaga, por razones humanitarias, y sólo uno en contra.
Muchas ganas de enredar hay que tener para ponerse a procesar las intenciones de unos magistrados que, en el ejercicio de su independencia jurisdiccional, tomaron la decisión que les pareció más ajustada a derecho sin ignorar el estado de salud del preso. Así debe ser. Por un lado, el cumplimiento de la ley una vez oídos el médico y el gobernante. Y por otro, las razones humanitarias.
Solo en el informe de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, tuvo ocasión el Gobierno de proyectar sus eventuales razones políticas para mostrarse más o menos inclinado a cuidar al preso enfermo dentro de la cárcel o a que lo cuidaran fuera de la cárcel. Tan ajustado a la ley hubiera sido lo primero como ajustado a la ley ha sido lo segundo.
No hay noticia de que el fantasma del ministro Fernández Díaz, al que alguna asociación de víctimas hace culpable de haber claudicado ante el chantaje de Bolinaga y sus secuaces, se colara en las deliberaciones de los magistrados para soplarles la consigna a la oreja. Y mucho menos para convencerles de que se debían cumplir los supuestos pactos de Rodríguez Zapatero con ETA de los que, según algunos enredadores, se habría subrogado el Gobierno de Mariano Rajoy.
Todo eso pertenece al ruido insoportable de quienes echan de menos a ETA como soporte argumental de sus prejuicios ideológicos y políticos. Son incapaces de asumir que la ley ampara el derecho de un recluso a recibir asistencia médica y un trato humanitario, por muy abyectos que hayan sido sus crímenes, que lo son en este caso.
Cuestión de superioridad moral del legislador, el juez y el gobernante. A partir de ahí, barra libre en opiniones personales. A unos, como a Basagoiti, les importará un bledo la salud del etarra. Y otros seguirán diciendo de todos modos que en el Gobierno español anida el contra los patriotas vascos.
En el plano de lo estrictamente político, y por tanto igualmente opinable, el Gobierno y PSOE consideran que la libertad de Bolinaga frenará el victimismo de la izquierda abertzale, dejando claro que esa libertad la han decidido los tribunales y no el Gobierno ni el principal partido de la oposición.
