MADRID, 17 (OTR/PRESS)
Un clamor general, cuyos ecos ni se han apagado tras el 15-S ni se apagarán, solicita un referéndum sobre la salvaje política de recortes del Gobierno (pues solo de salvaje puede calificarse, ciertamente, la que, siendo inútil y contraproducente para reactivar la economía y el empleo, miserabiliza a grandes sectores de la población española, que hasta ahora gozaban, cuando menos, de un modesto y precario pasar), pero ese clamor, en el caso más que probable de no ser atendido por el Ejecutivo de Rajoy, lo que exigirá en breve será, lisa y llanamente, la anulación del contrato, es decir, dimisión y convocatoria de elecciones.
Del mismo modo que las decenas de miles de estafados por la colocación fraudulenta de las llamadas Participaciones Preferentes a ahorradores particulares están preparando las demandas civiles para la anulación del contrato, pues lo que se les vendió no sólo no se correspondía con lo que les aseguraron que les estaban vendiendo, sino que resultó lesivo en alto grado para sus haciendas, para su salud, para sus derechos y, en general, para sus vidas, así los millones de votantes españoles que resignaron sus votos en el Partido Popular en base a la oferta de un determinado producto político, se hallan hoy en condiciones de demandar la anulación de su victoria electoral, particularmente su consecuencia de gobernación de la cosa pública con mayoría absoluta, a tenor del engaño del que han sido víctimas. De alguna manera, ese referéndum que se reclama equivaldría al «canje» que los bancos nacionalizados prometieron, pero ni este se hizo ni aquel se convocará. Solo quedaría, pues, para las víctimas de las Participaciones Preferentes y para los engañados electorales del Gobierno (muchos ciudadanos son las dos cosas), la nulidad del contrato por vicio de consentimiento.
O dicho de otro modo: Devolución íntegra de sus ahorros para los primeros, y devolución del mandato recibido para gobernar mediante la convocatoria anticipada de elecciones a Cortes.
