Antonio Casado – El papel del Rey.


MADRID, 21 (OTR/PRESS)

Que un Jefe del Estado alerte contra quienes alientan disensiones, persiguen quimeras y ahondan en heridas abiertas, precisamente en momentos de máxima dificultad que exigen una remada conjunta, es normal, previsible, lógico y oportuno. No se puede esperar menos de una primera magistratura constitucionalmente descrita como símbolo de la «unidad y permanencia» del Estado. Sin embargo, un sector de la clase política interpretó la consabida carta del Rey don Juan Carlos, difundida a través de la página de la Casa Real en Internet, como una imprudente injerencia del Monarca en cuestiones opinables que forman parte del debate político partidista.

La misiva fue especialmente reprobada por los nacionalistas, evidentes destinatarios de las advertencias. No tardaron ni un minuto en acusarle de ignorar la diversidad. Sin razón porque la diversidad forjada en los procesos de descentralización del poder, según el diseño expuesto en el título VIII de la Constitución, no tiene nada que envidiar a modelos similares en otros países (Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Suiza), se llamen como se llamen. Pero el límite de la diversidad es la fragmentación, por ruptura del principio de soberanía única. Y nadie más indicado que el Rey para alertar de ese peligro.

Cuestión aparte es si la figura del Rey está jurídicamente habilitada para difundir ese tipo de mensajes. Es decir, que se trata de saber si don Juan Carlos tiene la debida cobertura legal para difundirlos y luego responder por ellos. Y encontramos una regulación contradictoria y casi surrealista en el cruce de dos artículos del texto constitucional, el 56 y el 64, donde se fija el marco de actuación pública del Rey. Si nos atenemos a la letra y al espíritu de esos dos artículos resulta que el autor intelectual de la cibercarta del Rey no sería el Rey sino el Gobierno. Y del Ejecutivo sería también la responsabilidad.

No puede estar más clara la secuencia que me hace llegar a esa conclusión. Uno, podemos leer taxativamente que «la persona del Rey no está sujeta a responsabilidad». Dos, leemos asimismo que los actos del Rey estarán «siempre» refrendados «por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes», de modo que esos actos carecen de validez «sin dicho refrendo» (dos excepciones: decidir cómo se gasta el presupuesto de la Casa Real y nombrar o cesar a sus miembros militares y civiles). Y tres, otro precepto que no deja lugar a dudas: «De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden» (Art. 64.2).

¿Quién ha refrendado la polémica cibercarta del Rey? Según la Constitución no puede haber sido más que el presidente del Gobierno o, en su caso, el ministro competente. Sin embargo, en el debate de estos días solo don Juan Carlos ha sido destinatario personal de elogios y críticas. Así que va siendo hora de definir mejor el papel del Rey y las funciones de la Corona. Al menos para no dar lugar a situaciones tan extrañas como las que resultan de valorar los mensajes del Rey a la luz de los dos citados artículos.

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