MADRID, 28 (OTR/PRESS)
Hasta ayer creíamos que el buen ciudadano era aquel que cumplía con sus deberes y ejercía sus derechos, entre ellos el de la manifestación, consagrados en la Constitución que tanto se enarbola cuando conviene. Sin embargo, este mes de septiembre que se nos va nos ha permitido comprobar que el actual gobierno y el partido que lo sustenta tienen otra visión de las cosas. La reacción de María Dolores de Cospedal recriminando a los ciudadanos que salieron a las calles de Madrid el pasado 15 y preguntándoles dónde estaban cuando gobernaba Zapatero nos dio una primera pista.
Pudo ser un desliz, pero no. En la víspera de la manifestación frente al Congreso, la secretaria general del PP hizo un desafortunado paralelismo entre los convocantes y aquellos golpistas que entraron en el parlamento el 23 de febrero de 1981, la última vez que había visto tomar el Congreso, dijo, olvidando la gran manifestación que se produjo cuatro días después en la que un millón de personas ocupó la Carrera de San Jerónimo defendiendo la democracia y la libertad. La imagen de Rosa María Mateo en las escalinatas, en medio de los leones, frente a la multitud, es un recuerdo difícil de olvidar para quienes lo vivimos. Después llegó la Delegada del Gobierno en Madrid, insistiendo en la tesis de Cospedal. Y para rematar la secuencia, Mariano Rajoy, desde Nueva York, alabó la actitud de buenos ciudadanos de aquellos que no habían salido a la calle, insinuando por descarte la opinión que le merecían quienes se habían manifestado.
Ya sabemos que los políticos reclaman a los gobiernos escuchar el clamor de la calle… cuando no están en el gobierno. No hace falta tener mucha memoria para recordar a Rajoy no solo apoyando, sino convocando manifestaciones contra el anterior gobierno en su condición de presidente del PP, lo que hace que su actual discurso no sólo suene inconveniente sino un punto ridículo. La vicepresidenta del gobierno reconoció esta misma semana que algunas cosas que dijo cuando estaba en la oposición ahora le producen sonrisas. Y lo comprendemos. Lo que ya no resulta comprensible es que quienes representan a todos los ciudadanos reprochen a una parte que ejerza su legítimo derecho a la protesta cuando ellos son los aludidos. Entre ponerse al frente de la manifestación y criminalizarla hay un extenso campo del que los responsables públicos no deberían salirse si no quieren pisar algunas líneas rojas.
