Antonio Casado – El caso Pedraz.


MADRID, 5 (OTR/PRESS)

El titular del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dejado escrito en un auto que los imputados por las manifestaciones del pasado 25 de septiembre en el entorno del Congreso de los Diputados no han cometido ningún delito. Según él, se limitaron a ejercer su derecho a la libertad de expresión en un momento de «convenida decadencia de la llamada clase política».

No es tarea de un juez hacer pedagogía de lo opinable en un auto judicial. Pero tampoco es de recibo procesar sus intenciones en clave ideológica con sobredosis de descalificación personal. Es el pecado cometido por quienes le motejan de «progre con afán de protagonismo». Aún peor, el diputado del PP, Rafael Hernando, se refiere al juez Pedraz como «pijo ácrata». Hernando se disculpó luego pero se mantuvo en acusar al magistrado de haber actuado «irresponsablemente».

El caso reúne todos los ingredientes de esas tormentas verbales en vaso de agua tan frecuentes en nuestro barato debate de cercanías. No es para tanto, señores. Especialmente sabiendo como sabemos que el auto no es firme y queda sometido en apelación y reforma a instancias judiciales de mejor criterio. Sin embargo los procesos de intención política están marcando la polémica. Es de una levedad insoportable referirse al firmante del auto como una parte más de la mano que mece la cuna del malestar de la calle contra el Gobierno.

Pedradas tan maliciosas vienen de sectores políticos y mediáticos próximos al PP, claramente irritables ante unas movilizaciones cuya autoría intelectual atribuyen a la izquierda política. Deberían reparar en un derecho de manifestación que ampara a todos los ciudadanos. Como amparaba a los que, convocados o alentados por el PP cuando gobernaba Zapatero, se echaron a la calle en trece ocasiones. El propio Rajoy decía en junio de 2006: «Mi partido es el que moviliza todas las manifestaciones. Las moviliza, las respalda y las llena».

Bueno, con todo el derecho. El mismo que han utilizado ahora los ciudadanos integrados en los recientes movimientos de protesta en torno al Congreso de los Diputados. Eso forma parte de la democracia participativa (expresión, manifestación, asociación), directamente elogiada por el juez Pedraz en su polémico auto, en detrimento de la democracia representativa, que se plasma en el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido. Las dos vías son arterias centrales que bombean por igual para mantener vivo el sistema democrático. No tiene sentido disputar sobre si debe prevalecer la calle sobre el representante político, o al revés. Aunque al juez se le haya ido la mano apostando sobre una de ellas y certificando el desprestigio de la otra, tampoco es aceptable que desde el partido del Gobierno uno de sus portavoces parlamentarios haya dicho que de lo que le pueda ocurrir a los disputados en este tipo de movilizaciones callejeras hace responsable al juez Pedraz. Qué disparate.

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