MADRID, 17 (OTR/PRESS)
Escocia y su referéndum pactado no es información nacional, aunque algunos se empeñan. Por si cunde el ejemplo. Los nacionalistas lo desean y los españolistas lo temen, mientras se habla cada vez más de la «vía escocesa» como una nueva forma de resolver el problema catalán. Aquéllos la ven como la vía para consumar la segregación y éstos, por el contrario, para reafirmar la permanencia de Cataluña en el Estado.
Esta segunda interpretación parece irse abriendo camino. De momento, solo entre bastidores. No se olvide que el primer ministro británico, David Cameron, ha desencadenado esta operación, debidamente pactada con el Gobierno nacionalista de Escocia, con el objetivo de retener a Escocia en el Reino Unido como en los últimos setecientos años.
La idea de Cameron es desactivar la cantinela separatista de una región que goza de unas razonables cotas de autogobierno desde 1998. Por supuesto, muy por debajo de las que el Estado español otorga a Cataluña desde 1978. Es una de las razones de que no sea tan fácil desactivar el nacionalismo catalán como desactivar el nacionalismo sueco, al menos por una larga temporada. Además, en el Reino Unido no hay una Constitución escrita. Eso ha hecho mucho más fácil el pacto institucional, pues no hay barreras insalvables a la hora de llegar a un acuerdo.
No es el caso español, donde las barreras están escritas en virtud de un pacto constitucional (1978) que dispuso un alto grado de autogobierno en Cataluña. Pero como en todos los pactos, hubo contrapartida. De un lado, generosa operación descentralizadora del poder con competencias que ya le gustaría tener a Escocia. De otro, la plasmación del dogma civil de la soberanía única, para que la fuente de legitimidad de la Generalitat y el Gobierno central sea idéntica y ambos vengan obligados por el mismo ordenamiento jurídico.
Esas son las coordenadas del asunto y no otras, como la internacionalización a la que alude Artur Mas para desbloquear el problema. Si se refiere a una campaña de imagen en el exterior, está en su derecho. Si se refiere a una eventual interlocución de con las instituciones y organismos internacionales, debe saber que el único interlocutor de las mismas no puede ser otro que el Estado español. Y si está pensando en la legislación internacional sobre el derecho de autodeterminación debería revisar la doctrina de la ONU, contenida en la Carta fundacional y en dos resoluciones. Una, la 1514 (14 diciembre 1960). Y otra, la 2625 (24 octubre de 1970). Pues bien, ambas incluyen cláusulas de salvaguardia de los principios de unidad e integridad territorial de cualquier Estado «legítimamente constituido».
A Más solo le quedaría convencer a las instituciones internacionales de que Cataluña es una colonia o un pueblo oprimido sin representación política. Y eso lo va a tener francamente difícil.
