MADRID, 31 (OTR/PRESS)
Rubalcaba planteó en el Congreso de los Diputados la necesidad de un pacto de todas las fuerzas políticas para acabar con un drama que, junto al paro, está llevando la desesperación a miles y miles de familias. Los desahucios por impago de la hipoteca están dejando literalmente en la calle a padres con niños pequeños que, al perder el puesto de trabajo, no pueden seguir pagando al banco las cuotas mensuales. La tragedia, además, no acaba con los muebles en la acera sino que, perdida la vivienda, siguen siendo morosos de la entidad bancaria que se ha quedado con su casa. Solo el movimiento ciudadano de apoyo para evitar los desahucios ha conseguido retrasar y ayudar a las familias amenazadas por una orden judicial. Pero este es un problema que nos concierne a todos. No solo a los movimientos solidarios.
Es cierto que la ley dictamina que cuando el hipotecado deja de pagar su deuda la casa revierte al banco que le hizo el préstamo, pero las leyes se cambian, se suavizan, se corrigen y para eso está el Parlamento y los políticos que se sientan en el hemiciclo. Todas estas viviendas expropiadas legalmente a sus propietarios no tienen, en este momento durísimo de crisis, salida en el mercado inmobiliario por lo tanto su venta no va a resarcir a las entidades bancarias de la perdida que supone el impago de la hipoteca.
Precisamente una de las entidades que con mayores alegrías repartió dinero para la compra de viviendas, ofreciendo cantidades por encima de las necesidades de los firmantes del crédito, fue Caja Madrid (ahora Bankia). Esa entidad a la que hemos tenido que rescatar entre todos los ciudadanos con nuestros impuestos y con los recortes exigidos por Europa para dar el dinero que permitirá no cerrar la entidad.
Es Bankia, precisamente por sus créditos sin garantías, una de las cajas de ahorro que más desahucios está llevando a cabo. Así que, mientras recibe dinero del Estado, acumula viviendas de la pobre gente que carecen de ayudas de la Administración. La situación es tan injusta que se ha convertido en una de las razones más poderosas del malestar ciudadano contra la clase política.
Una solución reclamada desde la izquierda del Congreso podría ser que no se desalojara de sus viviendas a los que dejan de pagar sus cuotas a cambio de un alquiler con un precio módico. La otra posibilidad pasa por cambiar la ley para que las deudas se cancelen con la entrega del piso a la entidad bancaria. Lo que no se puede hacer, como ya intentó con escaso resultado el Gobierno de Rajoy, es dejar al libre albedrio de los bancos las iniciativas frente al fracaso de sus créditos.
Hay que hacer algo, y hay que hacerlo urgentemente, el suicidio de un hombre y el intento de otro que ha acabado en el hospital, hacen inaplazable un pacto de todas las fuerzas políticas para acabar con este drama que debería hacernos sonrojar a todos.
