MADRID, 7 (OTR/PRESS)
Un gobierno no puede ser autor, ni cómplice, ni consentidor de una estafa. Ni en España siquiera. Sin embargo, el de Mariano Rajoy parece decidido a colocarse fuera de la ley (de la Justicia, no de la ley apócrifa, de circunstancias, que se dicta para beneficiar a algunos en perjuicio de la mayoría) validando la macro-estafa de las Participaciones Preferentes que las Cajas de Ahorro hoy nacionalizadas perpetraron contra sus clientes. Lejos de resolver y reparar ese descomunal despojo a los trabajadores españoles, que reunieron con mil fatigas unos ahorros para afrontar dignamente la jubilación y la vejez, antes de elaborar plan ninguno de reflotamiento y recapitalización de las entidades intervenidas, el Gobierno usa de ese dinero sustraído, requisado, para complacer a sus prestamistas, cual quedó establecido en el llamado Memorial de Entendimiento (MOU) por el que el ejecutivo español propina un doble castigo a las víctimas de esa banca nefasta: tras estafarlos, el Gobierno la faculta para quedarse «legalmente» con el botín o con una parte sustancial de él.
Solo Bankia, cuyos anteriores dirigentes desfilan éstos días por la Audiencia Nacional, imputados por la catastrófica y lesiva para tantos salida a Bolsa de la entidad, y sospechosos, según la querella admitida, de haber cometido delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas, sólo Bankia, digo, retiene 3.000 millones de euros en Preferentes, una cantidad sustraída a sus legítimos dueños, en gran parte, mediante un plan de engaños minuciosamente urdido y ejecutado, y cuya requisa por parte del Gobierno está generando, como los desahucios masivos, ruina, hambre, enfermedad y muerte en un sector importante, en tantos sentidos importante, de la población.
Con discriminar, que es muy fácil, al ahorrador engañado del inversor institucional, profesional o experto que sabía lo que eran esas Preferentes que a los particulares se vendieron como depósitos normales y garantizados de ahorro, el Gobierno podría, bien que a última hora, no enfangarse en el grave ilícito en el que incurriría si persevera en su actual conducta y sanciona favorablemente, en un par de semanas, la pretensión de la mafia dineraria de apalancarse ese dinero del pueblo español.
