MADRID, 8 (OTR/PRESS)
Han pasado siete días desde que la noche madrileña se llenó de dolor y luto por la muerte de cuatro jóvenes, una de ellas menor de edad, que perdieron la vida de una manera terrible: aplastadas por una multitud formada por otros jóvenes que huían despavoridos del recinto en el que celebraban una macro fiesta. Es la tragedia del «Madrid Arena». Una tragedia que marca un antes y un después en la valoración que los madrileños tenemos de nuestras autoridades municipales. Como se sabe, el mencionado recinto es propiedad del Ayuntamiento de la capital. En consecuencia, el consistorio es responsable subsidiario de lo ocurrido tras el principal responsable: el propietario de la empresa (Diviertett) que es quien alquiló el recinto. Empresa, por cierto, a la que por no estar al día con la Seguridad Social, nunca se le debería haber cedido el uso del «Madrid Arena».
Al descubrimiento de esa primera irregularidad se han unidos otras y todas apuntan en la misma dirección: el dueño de la mencionada empresa es un individuo con pésima fama en los negocios de la noche madrileña; un personaje que se jacta de tener abiertas las puertas de ciertos despachos del Ayuntamiento de Madrid. La forma de actuar de este individuo arroja sombras sobre alguno de los concejales de la capital. De lo sucedido se desprenden responsabilidades penales, administrativas y políticas. Las primeras corresponde delimitarlas a los jueces; las restantes deberían estar ya sobre el tapete. El concejal que autorizó el uso del recinto tendría que haber dimitido ya. La alcaldesa, a todas luces superada por el caso, no estuvo a la altura de las circunstancias. También debería pedir disculpas por su falta de sensibilidad al no haber cancelado un viaje privado a Lisboa cuando todavía dos de las chicas que resultaron heridas se debatían entre la vida y la muerte. Como bien ha dicho Esperanza Aguirre, expresidenta de Madrid, en este caso hay que llegar hasta el final: caiga quien caiga.
