MADRID, 15 (OTR/PRESS)
Sus dictámenes no son vinculantes pero sí orientativos. Un informe claramente negativo obliga a pensar dos veces el paso siguiente, pero el Consejo de Estado ha dicho que el euro por receta es, a su juicio, inconstitucional como iniciativa autonómica. Es decir, que solo el Gobierno central podría imponer este pago en la medida que ese euro de más modifica el precio de los medicamentos _que en absoluto es competencia autonómica_ y además atenta a la igualdad de los ciudadanos a la hora de acceder a los medicamentos sufragados con dinero público.
Justo cuando se conocía este informe, en Madrid, su presidente, Ignacio González, presentaba en rueda de prensa la ley de medidas fiscales en la que además de no subir impuestos y modificar la normativa de las rebajas, mantiene este euro por receta que en el caso de Madrid entraría en vigor en enero de 2013 y que en su momento -no hace mucho- supuso una auténtica sorpresa para el propio Ejecutivo de Mariano Rajoy que de ninguna de las maneras esperaba que la Comunidad de Madrid fuera a adoptar una medida que ya había tomado Cataluña y que, en su momento, originó la consiguiente polémica entre el gobierno de Rajoy y el de Artur Mas llegándose a hablar de recurso de inconstitucionalidad.
Con este informe del Consejo de Estado, el Gobierno tiene allanado el camino para presentar el citado recurso. Si esto ocurriera, el euro por receta entraría en suspenso hasta tanto hubiera fallo del Tribunal Constitucional. Y hasta que todo esto ocurra lo cierto es que el euro por receta está en la picota, de manera que tanto a la Generalitat como al Gobierno de Ignacio González les convendría ser precavidos y no contar con la eventual recaudación que se derivaría del famoso euro.
Son, sin duda, los apremios económicos tanto de Madrid como de Cataluña lo que han llevado a sus respectivos gobiernos a tomar esta medida. Montoro se ha cansado de decirle a González que suba el tramo autonómico de los impuestos, pero González se niega en rotundo. Por un lado, quiere ser fiel al programa del PP, y, por otro, se ve obligado a un recorte fenomenal para suplir así el déficit de financiación que, con toda razón, la comunidad de Madrid viene denunciando.
Con el informe del Consejo de Estado, la presentación o no del recurso de inconstitucionalidad es, sobre todo, una decisión política del Gobierno de Rajoy que, una vez que se ha manifestado en contra de la medida, y con el aval del Consejo de Estado no podrá soslayar por mucho que pueda enfadar a Artur Mas y, desde luego, disgustar , a Ignacio González que mantiene su particular batalla con el ministro de Hacienda.
En todo caso y al margen de las consideraciones jurídicas, en el dictamen del Consejo de Estado a hace especial hincapié en lo que afecta a la igualdad de acceso a los medicamentos. Y si de igualdad se trata habría que mucho de qué hablar. Hace mucho tiempo y en muchos aspectos los ciudadanos españoles hemos dejado de ser iguales. Lo curioso es que muchas desigualdades están amparadas legalmente.
