Antonio Casado – ¿Verdad o mentira?


MADRID, 19 (OTR/PRESS)

En respuesta a las informaciones que implican a Mas y Pujol en el desvío de dinero público hacia sus respectivas familias, ambos se envuelven en la senyera estelada y convierten esas acusaciones en un ataque a Cataluña perpetrado desde las alcantarillas del Estado. Vale, pero eso no nos saca de dudas. Quienes acusan deben acreditar la acusación, se dirá. Eso es cierto en el plano judicial, cuyo protocolo impone el respeto a la presunción de inocencia «mientras no se demuestre lo contrario». En el plano político las cosas funcionan de otro modo por aquello de la mujer del César. No basta con ser decente. También hay que aparentarlo. Sobre todo si está abierto el mercado del voto.

En plena campaña electoral es políticamente relevante la sospecha de comportamientos corruptos. Si se confirman, porque Cataluña no se merece estar en manos de este club de fans de Wifredo el Belloso. Y si se revelan falsas de toda falsedad, porque los autores intelectuales del montaje conseguirán justo lo contrario de lo que pretendían.

El presidente de la Generalitat, que es el autor intelectual del desafío secesionista al Estado, decía este fin de semana que sus cuentas bancarias no están en Suiza o Lichtenstein sino en dos entidades catalanas. Pero eso no desmiente nada si reparamos en los numerosos recursos de la ingeniería financiera para ocultar o camuflar la titularidad de una cuenta. Si Artur Mas no está más convincente en los cuatro días que le quedan de campaña puede que el famoso borrador policial conocido el pasado fin de semana acabe pinchando la burbuja secesionista. Por el contrario, si se acaba abriendo paso la idea de que estamos ante un montaje construido a partir de lo que algunos llaman «basura policial» (material inservible rescatado de las papeleras, deshechos del trabajo indagatorio de la policía judicial, hipótesis abiertas en su día que luego se revelaron infundadas), la facturación electoral de CiU subirá como la espuma.

El silencio del presidente Rajoy, así como el desmarque del ministro del Interior, Jorge Fernández (se ha limitado a abrir una investigación interna) y el desconocimiento del «borrador» por parte del juez que lleva el caso Palau, invitan a deducir que las acusaciones no son muy sólidas. Salvo que Rajoy y Fernández, máximos responsables políticos del Estado y sus desagües, estén haciendo teatro.

Los supuestos que se manejan son gravísimos: trama societaria donde los Mas y los Pujol habrían aparcado su fortuna, desvíos de dinero hacia bolsillos privados (incluidos los de Felipe Puig, actual consejero de Interior), mossos de escuadra que destruían pruebas. Suficiente para acorralar a Mas. Sin embargo, ni Alicia Sánchez Camacho (PP) ni Pere Navarro (PSC) se han empleado con agresividad. Sólo piden explicaciones. Un nivel de respuesta que no se corresponde con la gravedad de las acusaciones. Por no hablar del nivel cero de respuesta en la sede central del PSOE, donde creen que el partido de Mas va a salir electoralmente beneficiado de este culebrón.

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