MADRID, 21 (OTR/PRESS)
A quien parezca descabellado el hecho de que recurrir una multa de tráfico de cien euros cueste doscientos debe saber que eso se hace para reforzar la justicia gratuita. Como lo oyen. Así lo asegura, muy serio, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que no ha querido regatear su granito de arena al magno proyecto gubernamental de dejar tiesos a los españoles y de remarcar las lindes entre ricos y pobres. A partir de hoy, jueves, las tasas judiciales de recurso y apelación sufren un encarecimiento brutal, de suerte que si hasta ahora el camino de los tribunales era empinado para los particulares, en adelante será una pura pared vertical por la que habrá de despeñarse el derecho constitucional a la tutela efectiva de la Justicia. Pero, eso sí, los mendigos podrán recurrir gratis las multas de tráfico que no les ponen porque no tienen coche.
Las prisas con que Gallardón ha colocado el torno que imposibilitará a la mitad de los españoles acudir a la Justicia en busca de auxilio para defenderse de los muchos ultrajes y abusos que de la Administración y de otros ámbitos reciben, han permitido que el torno se instale justo cuando miles de estafados por las Participaciones Preferentes de las Cajas nacionalizadas se aprestan a demandar judicialmente a las mismas, pues no tragan, como es lógico, con el designio gubernamental, dictado por sus prestamistas, de sustraerles la mitad de sus ahorros tan dura y penosamente conseguidos. Ya el Gobierno, alucinantemente capitaneado en su área económica por Luis de Guindos, se inventó el MOU, el Memorial de Entendimiento con los dichos prestamistas extranjeros, para «canjear» esos ahorros por dos perras gordas, renunciando las víctimas a reclamar judicialmente «la quita», pero como quedaba abierta la vía judicial, civil, para la anulación del contrato del producto diabólico, del timo, aparece el torno providencial del tasazo para disuadir a las personas de acudir a los tribunales. En la ruina la mayoría de esos ahorradores a causa de la estafa precisamente, la mayoría no podrá afrontar los gastos que Gallardón prescribe.
El viernes, la judicatura sale a la calle contra semejante prescripción, y en breve, entra en el más alto tribunal el recurso de inconstitucionalidad del Partido Socialista.
