MADRID, 24 (OTR/PRESS)
Se veía venir; una vez más se ha confirmado que las comisiones de investigación se utilizan desde el poder para engañar a los votantes. Para hacer creer que se buscan responsabilidades cuando en el fondo lo que se persigue es diluirlas y encontrar culpables fuera del ámbito político.
Viene esto al caso de la pretendida comisión del Ayuntamiento de Madrid para esclarecer lo ocurrido en la tragedia del Madrid-Arena donde murieron cuatro jóvenes aplastadas en un aforo desbordado.
No va a comparecer ni la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, (total, para que, si estaba en un SPA de lujo en Portugal) ni ningún cargo de la Comunidad de Madrid, ni la responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad, la delegada del Gobierno Cristina Cifuentes. De momento los únicos cesados han sido dos directores del Ayuntamiento y un concejal que sin embargo mantiene su plaza en el palacio de Correos.
Al final, la comisión va a servir para que se escuche a los seguratas que vigilaban las entradas a la fiesta y a los chicos que consiguieron salvar la vida en aquel caos. Las comparecencias judiciales están reflejando el bochorno habitual de testimonios exculpatorios e incriminaciones de una administración a otra. Todos están muy afectados pero nadie tiene la culpa de nada. Al final pretenderán hacer creer que la responsabilidad es de los jóvenes que hacían botellón y que entraron a mansalva noqueando a los vigilantes.
Resulta que sí es cierto que el Ayuntamiento firmo un contrato preferente con la empresa Diviertt. Que había trato de favor, pero que Ana Botella desconocía los términos de lo firmado. Esas son las dos cabezas que se han cortado. Como si se pudiera alquilar un local municipal, de semejantes dimensiones, sin que lo conozca la superioridad jerárquica. Y si es así ¿para qué sirven cincuenta y siete concejales?
Ayer se supo que el recuento de entradas vendidas para la fatídica fiesta de Hallowen desmiente la declaración, ante el juez, del dueño de la empresa Diviertt. Solo se han contado la mitad de las ocho cajas incautadas por la policía después de la tragedia y ya se alcanza la cifra de 9.700 tickets. Calculando que las otras cuatro contengan la misma cantidad se cree que casi diecinueve mil jóvenes pudieron entrar en el Madrid-Arena.
Aunque en la comisión de investigación, controlada directamente por Ana Botella, no se llegue a ninguna conclusión, alguien tendrá que explicar a los padres de las cuatro fallecidas y a los del la joven que todavía permanece grave en un hospital, porque el Ayuntamiento de Madrid alquiló el local a una empresa que, según el Registro Mercantil, tiene una historial de incidencias judiciales graves, además de deudas e impagos con las administraciones públicas. ¿Este es el modelo de empresa con la que contratan los consistorios del PP?
¿No les dará vergüenza seguir acudiendo a inauguraciones de rastrillos benéficos como si no hubiera ocurrido nada? Es de esperar que la dirección del Partido Popular medite sobre la idoneidad de Botella para ser su candidata a la alcaldía de Madrid. La tragedia ha demostrado lo que se comentaba en los mentideros: hace falta mayor peso político para ocupar semejante cargo público. Además de tener mayor humanidad frente a un drama que causa alarma social.
