Francisco Muro de Iscar – La rebelión de los profesionales.


MADRID, 29 (OTR/PRESS)

Dos huelgas generales en diez meses son una carga de profundidad para un Gobierno, aunque estamos casi acostumbrados y nadie se sorprende. Los sindicatos deberían hacer otras cosas pero sólo hacen eso. La protesta de los funcionarios públicos entra dentro del con cepto de «normalidad» porque, aunque los haya buenos -la mayoría- y malos, trabajadores -muchos más de los que creemos- y vagos, les han recortado hasta el derecho a respirar y sólo les queda la posibilidad de quejarse, aunque sepan que nos les van a hacer caso.

Aunque no es inusual que los profesores desde el jardín de infancia hasta la Universidad tomen la calle, sí lo es que den allí sus clases con los alumnos sentados en el suelo, protestando por una educación sin medios. Un paso más lo dan los médicos y todo el personal sanitario al convocar paros, huelgas, manifestaciones y protestas en los centros porque temen que privaticen sus centros de trabajo. Pero que un solo ministro haya sido capaz de unir sin discrepancias a los abogados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios de Justicia y todo lo que se mueve en este sector, le haya sacado en manifestación varias veces ya y en toda España, con toga incluso, y que hayan puesto sobre la mesa medidas mucho más duras, desde el paro de una hora hasta una huelga, tiene mayor trascendencia. La Ley de Tasas pone en riesgo la tutela judicial efectiva de millones de ciudadanos, como otras medidas ponen en peligro el derecho a la educación o a la sanidad. Derechos fundamentales que los ciudadanos han conquistad con gran esfuerzo y que hay que defender.

El millón y medio de profesionales que hay en España, muchos de ellos en el paro o en la precariedad, no es dado a manifestarse públicamente por más que estén sufriendo la crisis o el mal trato por parte de las Administraciones públicas. Si salen a la calle es que han llegado al límite. Un límite que están sobrepasando los gobernantes por su falta de interés en dialogar con los afectados -es un riesgo, lo mismo aprendían algo de quienes saben-; por la falta de información -se están batiendo récords de silencio y de pésima comunicación-; y por la permanente improvisación-podían dar el premio del mes al más imaginativo en tapar errores-.

Es cierto que hay que hacer sostenibles los servicios públicos fundamentales, que la gestión pública es, en muchos casos ineficiente, y que la gestión privada no es una privatización, si está bajo controles rigurosos, y puede ser más eficiente y ahorrar dinero a los ciudadanos. Pero no hay peor gestión que la de aquellos que evitan la interlocución, no dan información, improvisan y actúan desde la soberbia. Por eso se rebelan los profesionales. Si no hay diálogo y acuerdo, detrás de ellos y esta vez sin banderas políticas o sindicales, van a salir a la calle los grandes perjudicados: todos los ciudadanos. Será una marea y muchos votos. Por cierto, ¿dónde está Rajoy y qué piensa de todos esto? [email protected]

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