MADRID, 5 (OTR/PRESS)
José Ignacio Wert acaba de poner encima de la mesa de los consejeros autonómicos de Educación una reforma del sistema educativo que ha encendido los ánimos de la comunidad educativa.
El ministro propone que se cumpla la ley en aquellas comunidades que tienen lengua propia como es el caso de Cataluña. Que se cumpla la ley no significa otra cosa que las Administraciones autonómicas garanticen que los padres que decidan que sus hijos estudien en castellano lo puedan hacer.
A mí este punto de la reforma me parece bien. Creo que no se puede imponer una lengua y creo también en el derecho que todos tenemos de elegir la lengua que queramos para estudiar o comunicarnos. Elegir estudiar en catalán no supone ningún ataque al castellano, de la misma manera que elegir estudiar en castellano no supone ningunear el catalán. Ambas son lenguas de todos los españoles, no solo de los que han nacido o viven en Cataluña. De manera que quienes se empeñan en enfrentar ambas lenguas lo único que esconden es un nacionalismo trasnochado.
Lo que resulta inadmisible es la obligación de la «inmersión lingüística». Pero ojo, esa «inmersión» no solo se ha llevado a cabo en Cataluña con los gobiernos de CiU o el tripartito, sino que en el País Valenciano, gobernado desde hace muchos años por el PP, sucede otro tanto de lo mismo, por no hablar de Baleares o de Galicia. Pero los populares y sus «palmeros» mediáticos adoptan una actitud torticera pasando de puntillas por lo que también pasa en el País Valenciano, Baleares y Galicia.
A mí me sorprende la falta de respeto a la libertad. Y en eso están empatados los gobiernos, sean del color que sean, que han gobernado en los últimos años en Cataluña, Baleares, País Valenciano y Galicia. Lo que también resulta inadmisible es que los responsable de una comunidad autónoma, en este caso Cataluña, afirmen que no piensan cumplir la ley. En realidad, en lo que se refiere a la política educativa llevan décadas incumpliéndola.
Pero si el debate sobre la lengua ha encendido los ánimos, también lo ha hecho la decisión del ministro de elevar la religión a asignatura curricular, y quien no quiera estudiar religión tendrá que estudiar una asignatura, también evaluable, en la que se estudiara ética.
Verán a mí me parece que un Gobierno no puede adoctrinar a los ciudadanos, y por eso nunca me gustó la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Pero también me rebelo contra la imposición de que se tenga que estudiar religión o una asignatura similar, porque eso también va contra el derecho de los padres de educar a sus hijos como les venga en gana. En este sentido, José Ignacio Wert retrotrae el sistema educativo a los viejos tiempos. Si el ministro quiere que los niños sean educados en «valores» lo tiene muy fácil: que estudien la Constitución. La Constitución es un compendio de normas para la convivencia en común basadas en la justicia, la solidaridad, la igualdad, la libertad. A ningún Gobierno le corresponde ir más allá.
Yo, personalmente, estoy harta de imposiciones, de la imposición de los gobiernos catalanes de que solo se pueda estudiar en catalán, y la imposición de los políticos de hacer ingeniería política a través de la religión o de asignaturas como la de Educación para la Ciudadanía. ¿Por qué no nos dejan decidir en qué queremos creer o en qué lengua queremos estudiar?
