MADRID, 15 (OTR/PRESS)
El final de la vergonzante amnistía fiscal ha puesto de manifiesto que hay un grupo numeroso de recalcitrantes defraudadores del fisco que, aunque se lo pongan en bandeja y casi gratis, no están por la labor de contribuir al gasto común.
Montoro, en su impotencia, amenazó con cambiar una ley que permitiría hacer públicos los nombres de los presuntos delincuentes. Pero, al decir que la lista con los nombres llegara junto a los brotes de la primavera, la gente ha dejado de creerle. Tiene razón Cayo Lara cuando se extraña de que un ministro del Gobierno no acuda a la fiscalía anti corrupción si tiene en sus manos, y la tiene, la famosa lista que un empleado de la banca suiza filtro a determinados gobiernos europeos con los nombres de las fortunas escondidas en ese país.
La famosa lista Falciani ha sido la que ha permitido que en la última amnistía fiscal algunos defraudadores de renombre se hayan puesto al día con Hacienda, ante el temor de que sus apellidos constaran en el documento y también, porque no decirlo, dado que era un regalo, sin culpa y sin castigo.
Los trabajadores españoles, los pocos que quedan, están soportando sobre sus hombros los restos del estado del bienestar al que los adinerados se niegan a contribuir. El control que Hacienda ejerce sobre sus rentas del trabajo les impide cualquier broma ya que la inspección acecha con su lupa y las multas son severas. Por el contrario determinadas familias, de las que aparecen en las revistas de postín y cuyos nombres gozan de respeto social, ocultan sus dineros e incluso se vanaglorian de ello en sus círculos.
El contribuyente honrado no entiende el desmesurado respeto por la honra de quien está robando al Estado, o sea, al resto de los españoles. Solo cuando estos prohombres cometen otros delitos societarios salen a la luz sus continuos fraudes al fisco. Es el caso del, en otro tiempo modélico, empresario Gerardo Díaz Ferrán, el que dejó a miles de pasajeros en tierra al quebrar una de sus muchas empresas. Eso le salió gratis, incluso le permitió la chulería de decir que él nunca hubiera comprado un billete en su propia compañía. Ahora es cuando, imputado y en la cárcel, se filtra que con su inmenso patrimonio, oculto en paraísos fiscales, todavía Hacienda le devolvía dinero.
¿A nadie se le ocurrió ordenar una inspección? Porque, en 2009, no pagó ni un euro a la Hacienda pública pese a haber declarado dos años antes un patrimonio de 93 millones de euros. ¿Alguien dio la orden de, al ser el patrón de patrones, hacer la vista gorda? ¿Cómo es posible que en 2010 se le devolvieran dos mil euros de su declaración de IRPF y ahora el fisco le reclame veinte millones de deuda?
Por eso es imprescindible que la lista de los grandes defraudadores se entregue a la fiscalía; se investigue y se persiga. Será la única manera de que los ciudadanos vuelvan a creer en la frase de que «Hacienda somos todos» y no solo la inmensa mayoría de pringaos.
