MADRID, 19 (OTR/PRESS)
Hasta aquí, el tiempo de las musas. Ahora viene el teatro. O sea, la puesta en escena de los acuerdos de legislatura entre la muy conservadora y muy burguesa Convergencia i Unió, por un lado, y la muy roja y muy republicana ERC, por otro. Se trata de garantizar la estabilidad del Gobierno que Mas formará después de la investidura. Un objetivo tan difícil de conseguir, por no decir imposible, como juntar agua con aceite.
El primer aviso para navegantes es ese impuesto sobre los depósitos bancarios que viene apadrinado por ERC pero no le hace ninguna gracia a la banca catalana. Si añadimos que el ámbito de sensibilidad de la banca catalana es el mismo que el de CiU, nos empezaremos a hacer una idea de los desencuentros que están por venir en este matrimonio de intereses que tiene a Artur Mas y Oriol Junqueras de primeros contrayentes.
Los desencuentros esperan agazapados hasta que comience la representación de la obra. Van cosidos a ciertos interrogantes. Por ejemplo: ¿Cómo se las va a arreglar Artur Mas para pedir con una mano al Estado los 5.100 millones de euros que necesita para sobrevivir mientras con la otra está firmando un llamamiento a la segregación del territorio y de la riqueza? Es una de las contradicciones insalvables en el presunto discurso del nuevo Gobierno catalán, cuando se forme. Otra es esa aberrante pretensión de su principal socio político. Aunque parezca mentira, ERC aspira a ser costalero parlamentario de Artur Mas sin renunciar a su papel de oposición.
Todo sea por la independencia de Cataluña diseñada en la hoja de ruta que se desprende del matrimonio oficiado este miércoles en Barcelona. El primer paso se contiene en el compromiso de celebrar una consulta al pueblo catalán para saber si hay una mayoría partidaria del Estado propio, una vez que se hayan creado las condiciones para forjar esa «mayoría social amplia». Y si no, se revisaría la fecha de la consulta, pactada en principio para un día del año 2014.
Se supone que ese es el sentido de la cláusula de revisión de fecha de la consulta, de mutuo acuerdo y «por causas justificadas». De todos modos, la redacción es tan ambigua que la revisión de la fecha pudiera venir inducida por las eventuales discrepancias a la hora de determinar si la ilegalidad de la convocatoria pudiera ser una «causa justificada». A este respecto, la misma ambigüedad se percibe cuando el texto se refiere a que la consulta se llevará a cabo dentro del «marco legal que la ampare».
No hay marco legal disponible que no sea el vigente. Se deriva de la Constitución (léase el artículo 92) y no ampara en absoluto la celebración de una consulta de esta naturaleza. Esa es otra de las incógnitas que auguran un recorrido corto y accidentado para este pacto de gobernabilidad que acaban de firmar CiU y ERC. Una garantía de inestabilidad de la vida política catalana, cuyo desenlace solo puede ser la retirada política de Artur Mas, con sustitución en la cúpula de CiU, la espantada de Durán i Lleida (UDC) o unas nuevas elecciones anticipadas.
