MADRID, 22 (OTR/PRESS)
Hay un extraño fatalismo en el hecho de que todo aquel que forma parte de una administración pública, aunque solo sea un temporal, considere que el dinero de todos ha pasado a ser suyo. El Gobierno de Rajoy decidió suprimir la paga extra a todos los funcionarios del Estado, pero se olvidó ¡oh casualidad! de los cargos de libre disposición. Son esos privilegiados que, por simpatía política o por afinidades personales o familiares, ocupan los altos cargos dentro del escalafón.
A todos ellos, y hay miles y miles repartidos por las administraciones locales, autonómicas y central, sí les va a llegar esa paga que permite vivir de forma desahogada estas fiestas con tantos gastos. Así, mientras desde Hacienda se persigue con saña a los que sortean la prohibición con triquiñuelas tales como adelantar la paga de junio a enero, con los directores generales y cargos superiores que no son funcionarios se hace la vista gorda porque tienen bula.
Como la carne es flaca y la tentación grande, estos ex altos cargos del gobierno de Patxi López en Euskadi han cogido su paga extra antes de dejar los despachos. El gesto, sino ilegal, es por lo menos poco ético y demuestra lo dicho anteriormente: la manía de confundir el servicio público con el «coge el dinero y corre».
Teniendo en cuenta que hay hasta un vice consejero que se ha llevado la paga antes de apagar la luz, la noticia se ha sabido con celeridad y ha obligado a la dirección de los socialistas vascos a exigir que devuelvan lo cobrado de forma inmediata.
No se sabe si los beneficiados, o aquellos que todavía no la han cobrado y a los que se ha pedido que renuncien, van a cumplir la orden siguiendo el ejemplo del Lehendakari y sus consejeros. Pero lo que resulta más chocante es el olvido por parte de Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de incluir a los cargos de libre designación en el castigo. O es falta de agallas para decirles a fieles, protegidos o amigos, que el recorte es para todos, o es un trato de favor hacia esas cortes de asesores que acompañan a todos y cada uno de los ejecutivos de este país. Porque, no nos engañemos, un jefe de Gobierno, aunque sea de una comunidad uniprovincial, que no tenga asesores es que es un paria.
Todo esto contribuye a que la ciudadanía tenga la sensación de que los recortes, o los ajustes como gusta llamarlos, siempre recaen sobre los mismos y esos sí que se sienten parias y con razón. La desigualdad social se acentúa cada día entre la casta de los que están pasando por la crisis sin enterarse (como las grandes fortunas que han tenido un incremento de más del ocho por ciento en sus patrimonios) y los que lo han perdido todo, incluso un techo donde cobijarse. Son veintidós mil novecientas treinta y ocho personas, un 32% más en este último año, que han pasado por albergues, comedores sociales o casas de acogida. Ellos no van a tener problemas éticos para quedarse con una paga que no les corresponde.
