MADRID, 28 (OTR/PRESS)
En una misma entrega verbal el presidente de los médicos especialistas de Madrid, Pedro González, anunció este viernes la desconvocatoria de la huelga indefinida en la Sanidad Pública de la región y atribuyó al atrevimiento propio de los ignorantes («prepotente ignorancia», dijo) la luz verde de la Asamblea Regional para privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud. En los Presupuestos de 2013 el objetivo va camuflado: «Plan de medidas de garantía de sostenibilidad del sistema sanitario público». Traducción: al aprobarse el jueves la llamada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, que era el último paso legal para proceder al desahucio, el Gobierno madrileño ya está en condiciones legales de adjudicar a una empresa privada la capacidad de decidir el qué, el dónde, el cómo y el cuánto de la asistencia sanitaria pública.
Eso supone dejar en manos de unas entidades con ánimo de lucro la aplicación práctica del precepto constitucional sobre la sanidad pública, universal y gratuita. Y este es el fondo de la cuestión de un conflicto que, a los ojos de la opinión pública, presenta una escandalosa desproporción cualitativa y cuantitativa entre quienes defienden el modelo privatizador en nombre de la eficiencia, y quienes lo reprueban por razones de principio sin negarse a trabajar por una gestión más eficiente. En el bando privatizador, el presidente y el consejero de la CAM, González y Lasquetty, respectivamente. Enfrente, todos los estamentos profesionales, sindicales y corporativos relacionados con la Sanidad Pública, que se movilizaron desde que el consejero Lasquetty presentara los planes sin previo aviso.
Ahora se van a cumplir dos meses y la llamada «marea blanca» no ha cesado. Hasta este viernes cuando, en un ejercicio de responsabilidad, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) desconvocó la huelga indefinida que estaba empezando a causar muchos trastornos entre los pacientes, con el aplazamiento de 40.000 consultas y 6.000 operaciones quirúrgicas (no urgentes). Lo cual no significa asentimiento o conformidad con el plan privatizador que sigue adelante gracias a la mayoría absoluta del PP (los demás partidos votaron en contra, en línea con la masiva oposición de los profesionales).
Dicen los médicos que a partir de ahora buscarán otras formas de presión, incluidos los recursos judiciales, y no descartan volver a convocar huelga en el mes de enero. Se entiende perfectamente. No solo porque su causa es la causa de la inmensa mayoría de los españoles y por eso tiene el apoyo de la opinión pública, sino también porque la clase médica comprometida en la defensa de la Sanidad Pública se ha visto menospreciada y vilipendiada por los gobernantes madrileños. El presidente y su consejero de Sanidad han insinuado que la protesta de los médicos encubre la defensa corporativa de sus privilegios. Incluso han llegado a acusarles de vagos y mentirosos. Con estos antecedentes, es ilusorio creer que con la luz verde a los planes oficiales de la Comunidad se ha cerrado la polémica. En absoluto.
