MADRID, 4 (OTR/PRESS)
Los 300 de los que se habla estos días en España no son precisamente aquellos hoplitas espartanos que según reza la sencilla placa de barro que recuerda la batalla de las Termópilas: «Supieron morir en cumplimiento de las órdenes». Los de aquí -cuesta escribir, los «nuestros»- son políticos bajo sospecha. Todos están procesados por asuntos relacionados con la corrupción. Las imputaciones son variadas: prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida de caudales públicos… Los hay de todos los colores políticos con la salvedad de IU y UPyD. El último de la lista es el todavía alcalde de Santiago de Compostela (Angel Currás, PP) a quien un juez investiga por un presunto delito de tráfico de influencias. El penúltimo es José Luis Baltar, antiguo presidente de la Diputación de Orense, cofrade político del anterior y veterano en el ranking de caciquismo gallego. Está acusado de haber contratado irregularmente a más de un centenar de amigos y correligionarios asentando nómina para todos ellos en la corporación que gobernó durante más de 20 años y que ahora preside uno de sus hijos.
Todo un ejemplo: ya se sabe que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Como el ex ministro José Blanco (PSOE) a quien investiga la Fiscalía en relación con el caso «Campeón» por un presunto tráfico de influencias a beneficio de un supuesto amigo. Las amistades peligrosas llevaron al ex ministro Jaume Matas (PP) a conceder favores millonarios fuera de concurso a Iñaki Urdangarín, el ciudadano que más ha hecho en los últimos años en España por la vuelta de la República. No hay más que ver las encuestas y saber interpretarlas. En Cataluña está al caer el juicio a la trama del caso «Palau» que implica a dirigentes del CiU; en Madrid también está lista la vista del caso «Gürtel», con un ex consejero (popular) de la comunidad en el banquillo. En Andalucía, por el asunto de los ERE falsos, será otro ex consejero (socialista) de la Junta el que pase por el mismo trance.
Ya digo, son 300 los políticos que están bajo la lupa de fiscales y jueces por hechos relacionados con casos de corrupción. En todos asoma la codicia de los nuevos ricos o la desfachatez de los viejos que confiaban en que el poder les garantizaría la impunidad.
En otro registro, en éste caso no delictivo -el reglamento del Congreso lo permite-, pero si impresentable, podríamos añadir a la lista, los casos de los 63 diputados que pese a tener vivienda en Madrid cobran un complemento (1.823 euros) en concepto de «pernoctación». Y todo con cargo al contribuyente. Todo esto tiene un nombre tan desagradable, tan irritante, tan descorazonador, que uno se resiste a ponerlo por escrito.
