MADRID, 9 (OTR/PRESS)
Digámoslo pronto: el desenlace judicial del «caso Pallerols» puede que se ajuste a Derecho (sentencia de conformidad, reconocimiento del delito, devolución del dinero ilícitamente conseguido), pero es una vergüenza. Y una prueba escandalosa de la doble vara de medir con la que en ocasiones la Justicia española trata a determinados mangantes a quienes asiste la condición de políticos. 16 años ha durado la instrucción. Tiempo suficiente como para que el personal se haya ido olvidando de una trama de financiación ilegal que beneficiaba a Unió Democrática de Cataluña, el partido que encabeza el diputado Josep Antoni Durán Lleida. Durán era uno de los llamados a declarar en el juicio caso de no haber llegado a la ya conocida solución de compromiso que a él le evita el «estigma» de aparecer sentado como testigo en el banquillo y a los encausados ir a la cárcel sabido que la Fiscalía solicitaba 10 años de prisión por los diferentes delitos que se les imputaba y de los que, finalmente, se han declarado culpables a cambio de una sentencia benigna.
Visto que la Fiscalía es un órgano jerárquico y vista la desigualdad de trato respecto de otros casos en los que los implicados son ciudadanos corrientes, es lógico que nada más conocerse el desenlace se haya corrido la voz de que para entender el por qué de semejante trato de favor haya que acudir a los dominios de la política y tomar nota de lo que está sucediendo en Cataluña a raíz de la deriva independentista tomada por el gobierno de la «Generalitat» cuyo presidente Artur Mas preside la coalición (CiU) en la que Durán Lleida lidera la parte que corresponde a Unió. Aunque desmentido en parte por recientes actuaciones suyas, lo cierto es que a Durán no se le incluye entre los partidarios de la independencia y sobre ésa creencia parece que se viene edificando en La Moncloa el puente que quiere sustituir al dinamitado por Artur Mas (antes de ayer en Figueras, delante del Príncipe Felipe, Mas ni siquiera le dio mano a Mariano Rajoy). No «quemar» al posible interlocutor en un asunto tan delicado como es la «cuestión catalana», podría ser la clave que permite explicar el sorprendente desenlace del «caso Pallerols». Sorprendente a la par que escandaloso. Sarcástico, incluso, si recordamos el mandato constitucional que reza que todos los españoles somos iguales ante la Ley.
