MADRID, 16 (OTR/PRESS)
Juan José Güemes se ha visto obligado a presentar su dimisión como consejero de una empresa sanitaria, de análisis clínicos, que él privatizo cuando era consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Hay quienes defienden que el cargo no era incompatible porque ya ha pasado tiempo suficiente entre que dejó su responsabilidad política, pero hay situaciones que más allá de la legalidad tienen que ver con la estética es decir con la ética.
Más allá de que la ley le permitiera acceder a ese cargo de consejero la realidad es que solo hacerlo le debería de provocar sonrojo. Dentro del PP, Juan José Güemes es uno de los más firmes defensores de la «externalización de la gestión» de nuestro sistema de salud. O sea de su paulatina privatización. En ese empeño no está solo. La doctrina imperante entre los populares es que lo privado funciona mejor que lo público y que por tanto todos los servicios, sea sanidad, educación, etc, están mejor gestionados por manos privadas que públicas. Claro que ese razonamiento lleva a pensar que los políticos que lo defienden son lisa y llanamente incapaces de gestionar bien, es decir, que son ellos el problema.
En realidad no es que el PP quiera arreglar los problemas, que sin duda hay, en la sanidad pública, sino que lo que está haciendo es imponer su visión ideológica de lo que debe de ser la sanidad, es decir, un negocio para las compañías privadas. Y esa es una visión que comparten con otros partidos conservadores como es el caso de Convergencia y Unió. Porque CiU tampoco se queda corto a la hora de meter la tijera al sistema público. Ahora mismo todos nos escandalizamos por la decisión de Dolores de Cospedal de suprimir, en algunos casos, centros de salud en algunos pueblos importantes de Castilla-La Mancha, y en otros casos reducir la jornada de atención al público. De manera que si a usted le da un infarto a las tres y media de la tarde se muere, porque en su centro de salud no habrá nadie para atenderle. O sea, que hay que ponerse malo de ocho a tres. Bueno pues esta decisión adoptada por Cospedal es la misma que hace meses adoptó el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Como desafortunadamente la Comunidad Autónoma de Madrid ha copiado a Cataluña lo del euro por receta.
Y al parecer al presidente madrileño, Ignacio González, poco le importa que el Tribunal Constitucional haya decidido paralizar temporalmente el pago del euro por receta en Cataluña. González no se da por aludido y hasta que el Constitucional se pronuncie por el euro por receta en Madrid él va a continuar cobrándolo. O sea un despropósito.
La política sanitaria del PP es pura ideología neoliberal, pero lo peor es que los dirigentes populares están decididos a cambiar nuestro sistema por las malas ya que no pueden por las buenas. Y a todo esto, la ministra de Sanidad, Ana Mato, no dice ni pío, se conforma con dejar a las comunidades autónomas que sean ellas quienes van desmantelando nuestro sistema público de salud. Y luego se quejan de las movilizaciones de los ciudadanos. Pocas hay para lo que están haciendo.
