MADRID, 16 (OTR/PRESS)
Como un rayo ha caído en la Generalitat la decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente el cobro de un euro por receta. Apelando, como siempre, al sentimiento nacionalista, el consejero de Presidencia llegó a decir que «algún día nos prohibirán respirar en catalán», como si la respiración o el idioma tuvieran alguna relación con el repago farmacéutico.
No solo no lo han aceptado de buen grado si no que el Colegio de farmacéuticos ha enviado una circular para que se siga cobrando hasta que no les llegue una notificación oficial. No es para menos ya que de junio a aquí han recaudado cuarenta y seis millones de euros que son el maná para las vacías arcas públicas.
Muchos catalanes agradecerán al Gobierno central que haya hecho valer un conflicto de competencias para proteger la igualdad de todos los españoles. Porque una cosa es que no se sientan como tales y otra que paguen más en la farmacia.
El mismo camino va a seguir la orden del presidente madrileño, Ignacio González, de cobrar el dichoso euro. Pese a que en la Puerta del Sol miren para otro lado, como si no fuera con ellos la decisión del Constitucional, el euro madrileño tiene los días contados. Eso si, también han advertido que no piensan devolver lo cobrado irregularmente. Santa Rita, Rita, Rita lo que se da, aunque sea a la fuerza, no se quita.
Lo peculiar de este caso es que el responsable madrileño es del PP, igual que el gobierno de la Nación, y que ha hecho caso omiso de las «peticiones», «recomendaciones», e «indicaciones» para que no se pusiera en marcha la medida de cobro. González, que no cuenta con muchas simpatías en el Gobierno y que despierta recelos en el propio Rajoy, está creando problemas sin cuento a Moncloa con el tema sanitario.
No solo tiene a todo el personal en pie de guerra por la privatización de varios hospitales y centros de salud, además impone el euro por receta después del medicamentazo. La indignación popular recae por igual en el dirigente madrileño como en Rajoy que atraviesa su peor momento de popularidad y de confianza de los ciudadanos. Se da pues la circunstancia de que uno de su propio partido le pisa la manguera al presidente del Gobierno.
Los sanitarios madrileños reprochan a Mariano Rajoy que no haya mediado en el conflicto que les enfrenta con el consejero Lasquetty y los ciudadanos que no haya tenido la misma rapidez para presentar el recurso contra Madrid.
Esta historia no ha hecho más que empezar pero traerá consecuencias en las candidaturas para las próximas municipales y autonómicas. Hasta que eso llegue si el Gobierno no corta de raíz esta medida discriminatoria, rechazada por el Constitucional, no se podrá decir que todos los españoles somos iguales en derechos y deberes. A día de hoy los catalanes ya han pagado de su bolsillo 45 millones de más por los medicamentos y los madrileños un millón y medio de euros que, como se sabe, no van a ir destinados a mejorar los servicios públicos.