MADRID, 17 (OTR/PRESS)
El Gobierno dispondrá antes del verano de una estrategia de regeneración democrática que está elaborando el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás. Uno de los objetivos, según ha declarado, «es mejorar la imagen de la clase política, acercándola al ciudadano». El propio encargo pone en entredicho la capacidad, no solo del gobierno sino de la clase política en general, de dotarse por sí mismos de instrumentos que impidan o al menos combatan escándalos como los que hemos conocido en los últimos días. Desde el vergonzoso pacto judicial en el caso Pallerols hasta los últimos datos sobre las multimillonarias cuentas suizas de quien fue tesorero del PP, Luis Bárcenas, pasando por otras de miembros de la familia Pujol, el ático del presidente de la Comunidad de Madrid, o el fichaje de Juan José Güemes por parte de una empresa a la que concedió la privatización de un servicio público cuando era consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Pedía Güemes el mismo día en que presentó su dimisión, insinuando actitudes inquisitoriales, que los periodistas debíamos presuponer la buena voluntad de los políticos. Así lo hacemos, entre otras cosas porque, a diferencia de la actitud que a veces demuestran los partidos, creemos que gracias a nuestro trabajo, señalando a los políticos corruptos y documentando sus prácticas desviadas, podemos contribuir a salvaguardar la imagen de la mayoría de quienes dedicándose a la actividad pública lo hacen honestamente.
Descontando el Código Penal, cualquier estrategia de regeneración política ha de pasar por cambiar la actitud de los partidos hacia la corrupción desde el sentido común. Y atacar ferozmente la corrupción de los demás mientras se protege al corrupto propio no parece el mejor camino. Las formaciones políticas y los gobiernos deben cuidar la selección de sus dirigentes, controlar después sus actuaciones con el mismo celo con el que la Agencia Tributaria lo hace con los contribuyentes y, llegado el caso, ayudar a la Justicia, abrir investigaciones internas y apartar preventivamente a los encausados mientras se desarrolla el proceso. Y todo ello, con una mirada exigente, porque de los políticos no se espera sólo que no sean delincuentes, sino que mantengan en su actividad una actitud ejemplar que no siempre es fácil de codificar en su pormenor. En una democracia el cumplimiento de la ley es condición necesaria pero no suficiente. Para el reproche legal están los tribunales. Y para el ético sólo cabe una opinión pública bien informada y crítica que, en el ideal, sería extraordinario que no tuviera que actuar gracias a que los partidos y los gobiernos lo hubieran hecho previamente.
