MADRID, 19 (OTR/PRESS)
Que poco imaginaban los dirigentes del PP, cuando hace escasamente una semana jaleaban las miserias de Unió Democrática, partido de Durán Lleida, el tsunami que les iba a noquear a ellos mismos bajo el nombre de Bárcenas.
Los «habitantes», de la sede del Partido Popular, en la calle Génova, se dividen entre los que no han visto un duro, y quieren saber si se cobró en sobres y quienes fueron los afortunados, y la dirección, de momento colapsada por el miedo a las filtraciones del entorno de Bárcenas.
Parece claro a estas alturas lo que ya se intuía ante las extrañas deferencias que permitieron al ex tesorero del partido del Gobierno mantener un despacho, secretaria y coche con chofer, aún habiendo dejado la militancia por su imputación en el caso Gürtel. Y es que quien manejó los dineros no estaba dispuesto a tragarse el solo el marrón y amenazaba con abrir la caja de los truenos.
Lo del cobro «en negro» de cantidades que oscilaban entre los cuatro mil y los quince mil euros al mes puede ser un primer aviso a navegantes de todo lo que se oculta. Porque a nadie se le escapa que la inmensa cantidad de dinero acumulado en las cuentas de Suiza no es ,solamente, el patrimonio familiar de la acaudalada familia Bárcenas. La sociedad poseedora de los diez millones de euros, acogida a la amnistía fiscal, puede tener propietarios que nos dejen estupefactos.
La sociedad española, castigada duramente por la crisis, contempla atónita como se suceden los casos de corrupción que afectan a casi todos los partidos. Es necesaria una catarsis colectiva que modifique las ya gastadas estructuras políticas. Empezando por abrir las listas electorales para que los representantes, los buenos y los malos, sean identificados fuera de ese magma de confusión con que los partidos envuelven a sus miembros.
Porque uno de los problemas de la democracia española es precisamente un sistema electoral que solo permite listas cerradas y bloqueadas. Un sistema, que fue sin duda necesario en la Transición pero que hoy se ha convertido en una rémora, entre otras cosas porque hace de los políticos un grupo amorfo, corporativo, indiscriminado y absolutamente dependiente en su imagen de la del partido del que proceden. Así, cuando las propias siglas, o alguno de sus miembros destacados, comete un delito, contamina a la totalidad de los integrantes de la formación.
Es evidente que los máximos responsables del deterioro democrático son los políticos corruptos, pero también aquellos que sabiendo del delito les ocultan mirando más por sus propias siglas que por el interés general. Los jueces que dilatan in extremis sus causas tienen una parte importante de responsabilidad, coadyuvando al deterioro institucional.
El deterioro en la imagen de las principales instituciones del Estado ha llegado a tal grado que es inevitable un gran pacto nacional que corrija el rumbo y proponga las modificaciones legales pertinentes para acabar con esta ola de corrupción que lleva camino de convertir a España en un Estado sin prestigio, sin crédito y casi fallido.
