MADRID, 23 (OTR/PRESS)
La Fundación Ideas, una chalupa donde se cobijan algunos de los náufragos del Partido Socialista que no alcanzaron representación en las últimas elecciones, está dando mucho que hablar estos días. No es, desde luego, el «caso Bárcenas». Allí, visto el dineral que tenía en Suiza el tesorero (22 millones de euros), aunque está por demostrar, a deducir de lo publicado, lo que la opinión pública barrunta es que algunos dirigentes del PP cobraban sobresueldos en dinero negro, dinero de obscura procedencia. Aquí, lo que se sabe es que esta fundación trabaja con amigos y familiares de dirigentes políticos socialistas. Entre otros, una hermana de Elena Valenciano, vicesecretaria general PSOE. Los paga con dinero que procede de las subvenciones que recibe del Estado. Es decir, con dinero que sale los impuestos ciudadanos.
Ante las críticas recibidas por semejante política nepotista, la portavoz parlamentaria socialista, la señora Soraya Rodríguez, ha salido al paso diciendo que contratar afines es «legal y moral». Puede que sea legal, pero huele mal. Desde luego no es una práctica ejemplar porque hablando de «ideas», la que transmite semejante costumbre es que basta con pertenecer a un partido y, dentro de él, estar cerca del cogollo dirigente, para tener solucionada la vida. Siendo semejante deriva moralmente rechazable en cualquier circunstancia, lo es más en un tiempo en el que seis millones de ciudadanos no encuentran trabajo y la sola idea de pensar que hay quien no tiene problemas económicos porque encuentra empleo en razón no de mérito o capacidad, sino por de lazos de parentesco o amistad, resulta sencillamente intolerable.
Prácticas como ésta, que insisto, serán todo lo legales que se quiera pero que ofenden al decoro, contribuyen al repudio creciente de la clase política por parte de la opinión pública. Lo que dicen todas las encuestas es que la gente está harta de los privilegios de quienes predican virtud pero mantienen conductas propias de casta.
Este caso, además, coloca el foco de la crítica sobre la propia existencia y naturaleza de este tipo de fundaciones que mantienen abiertas todos los partidos y también los sindicatos. Suelen ser, ya digo, refugio de náufragos o de afines descolgados de encomiendas políticas. Nada que objetar acerca de su existencia como tales, pero, visto el panorama, sí parece que ha llegado el momento de replantear la continuidad de las subvenciones que reciben. ¿Por qué tienen que vivir del dinero público? ¿Por qué no las pagan los afiliados de los partidos o los de los sindicatos? El personal empieza a estar harto de pagar tantos impuestos y para ver, después, en qué manos acaba el dinero.
