Victoria Lafora – La tinta del calamar.


MADRID, 23 (OTR/PRESS)

Partamos de una realidad más que evidente, todos los partidos políticos tienen o han tenido corrupción en sus filas, financiación irregular, o militantes con afición a lo ajeno. Tal vez el origen esté en el mimo con que se les trató en la Constitución en un país de democracias efímeras. Por eso ha llegado el momento de cortar por lo sano, los españoles han llegado a un grado de saturación inaceptable y si para ello hay que cambiar la Constitución, hágase.

Sería bueno, por tanto, que Alfredo Pérez Rubalcaba recogiera el guante que le han lanzado desde un PP con el agua al cuello para hacer un gran pacto contra la corrupción que implique cambios legales efectivos y eficaces sin limites.

Solo en un momento como este, con la derecha política acorralada por la basura se podrá lograr el gran consenso. Porque, cuando el PP consiga, que lo va a conseguir, tapar las vergüenzas que les salpican, mediante el procedimiento que tan bien práctica el calamar de soltar tinta mientras huye, se acabarán sus propósitos de enmienda.

Es verdad que la oferta de pacto forma parte de la estrategia de desviar la atención del tema Bárcenas, que quieren dar la impresión de un hoy por mi y mañana por ti, que las auditorias internas y externas, cuando se maneja dinero negro, son un brindis al sol. Que la única esperanza de que los ciudadanos lleguemos a saber de donde salió esa ingente cantidad de dinero que manejaba el extesorero del PP, es que Bárcenas -«¡inocente, faltaría mas!»- cumpla sus amenazas y cuente al juez todo lo que sabe.

No obstante lo dicho, el PSOE y el resto de la oposición deberían aceptar la propuesta de pacto y como primera medida incluir a los partidos dentro de la Ley de Transparencia. Pero no como está redactada ahora, que es un coladero de corruptos, sino una transparencia real, con penas y sanciones.

Si siete de cada diez españoles creen que nunca se llegara a saber lo que parece ha sido una presunta financiación ilegal del PP y un enriquecimiento ilícito de sus principales dirigentes, es que la democracia tiene un problema gravísimo donde no vale el «y tu más».

El descrédito de las instituciones ha llegado a un punto de no retorno. Los tres poderes del Estado el legislativo, el ejecutivo y el judicial, además de la jefatura del Estado (el Rey), no despiertan el menor respeto al pueblo soberano que, al grito de todos son iguales, pide cambios drásticos y ya.

No se acepta que un escándalo tape al anterior, que quien ayer lloraba y pretendía exculparse ante las cámaras de una televisión pida hoy, sonriente y liberado, cuentas al contrario.

No se han olvidado ni la trama Gürtel (con un único condenado de momento: el juez Garzón), ni la trama de los ERE en Andalucía (sin juzgar), ni la reconocida financiación irregular de Unió (solventada con un pacto con la fiscalía), ni el opaco origen del ático de lujo del presidente madrileño, Ignacio González (apartados de sus puestos los policías que lo investigaban).

No crean sus protagonistas que un pacto contra la corrupción va a significar aquí paz y después gloria. No. La Justicia, aunque lenta, sigue su cauce. Un pacto debe servir para que toda esta mierda no vuelva nuca jamás a producirse.

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