MADRID, 24 (OTR/PRESS)
El Parlamento Vasco acaba de elegir senador por designación autonómica al miembro de EH-Bildu Iñaki Goioaga, quien fue calificado recientemente como «comisario político de ETA» por el etarra «arrepentido», José Miguel Latasa. Goioaga, que está siendo investigado por la Audiencia Nacional, al parecer ejerció durante un periodo de tiempo, y aprovechándose de su condición de abogado, como correo entre la dirección de la banda terrorista y los presos de ETA para trasmitir a estos las consignas de aquella.
Como acertadamente han puesto de manifiesto los portavoces del PP y de UPyD en sus intervenciones, la elección de este individuo es una clara ofensa a las víctimas del terrorismo. Una más habría que decir, pues no es la primera y, desgraciadamente, no será la última. Otra muy reciente fue la puesta en libertad de Josu Uribetxeberría Bolinaga, el torturador/secuestrador del funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara, al que el Gobierno del PP le concedió -escudándose en que padecía un cáncer terminal-, el tercer grado penitenciario, condición imprescindible para que posteriormente el juez decretara su libertad. En la actualidad, Bolinaga vive plácidamente en Mondragón, donde tuvo secuestrado 532 días a Ortega Lara, tomando vinos y manifestando a todo el que le quiera oír que no se arrepiente de lo que ha hecho en su macabra vida.
La elección de Goioaga como senador autonómico por EH-Bildu ha coincidido en el tiempo con el décimo octavo aniversario del asesinato en San Sebastián del que entonces era un joven dirigente del PP vasco y guipuzcoano, Gregorio Ordóñez. Su viuda, Ana Iribar, ha manifestado, recordando la memoria de su marido, que si Ordóñez levantara la cabeza, se moriría de vergüenza al ver que su ciudad está actualmente gobernada por Bildu. Y ha dicho mas: que ETA puede estar derrotada desde un punto de vista policial, pero que ni mucho menos se puede afirmar que lo esté desde una perspectiva social o política.
Esta última apreciación de la viuda de Ordóñez cobra toda su fuerza no solo con este último episodio que va a permitir que un «comisario político de ETA» se siente en un escaño del Senado español y vaya a cobrar un sueldo y dietas pagadas por todos los ciudadanos. Sobre todo, se entiende a la luz de que las Instituciones de nuestro Estado de Derecho -el Tribunal Constitucional principalmente- permitieran en su momento la vuelta de ETA a las Instituciones. En la actualidad, la marca política de ETA es la segunda fuerza en el País Vasco y gobierna en muchos Ayuntamientos vascos y navarros. Efectivamente, esto supone una grave ofensa a la Memoria, a la Dignidad y a la Justicia debidas a todas las víctimas del terrorismo.
