MADRID, 27 (OTR/PRESS)
El proceso soberanista abierto en Cataluña por algunas de sus fuerzas políticas tiene suficiente complejidad jurídica como para que no sólo quepan los análisis políticos, por muy importantes que estos sean, que lo son. La prueba de la dimensión política está en el propio resultado electoral de las fuerzas independentistas o soberanistas, ya que, como escribió el notario barcelonés Juan-José López Burniol en La Vanguardia, si bien el resultado de las últimas elecciones supuso una derrota del presidente Artur Mas y de su formación política _CiU_, no erosionó al sector soberanista, ni _menos aún_ desalentó a los muchos catalanes que creen que el Estado trata injustamente a Cataluña.
Pero, sentada la importancia de la valoración política, también cabe el análisis jurídico del asunto, que no es precisamente algo baladí. En ese sentido, la declaración aprobada recientemente por el Parlamento de Cataluña sobre la soberanía y su derecho a decidir sería un acto político, por lo que una manifestación de esa naturaleza no puede ser atacada por vía jurisdiccional, al carecer de valor jurídico, como razona el magistrado Alfonso Villagómez en un análisis que publicó en Mundiario.
La declaración soberanista del Parlamento catalán no produce, por tanto, ninguna innovación ni afectación alguna en el ordenamiento jurídico español. Al menos de momento. Sólo se producirán realmente efectos jurídicos cuando exista la base normativa de la ley autonómica precisa para iniciar realmente el proceso. Será entonces cuando el Gobierno de Mariano Rajoy podrá mover ficha e impugnar ante el Tribunal Constitucional la ley catalana y los posibles actos de aplicación de la misma, léase una consulta. Claro que también cabe que haya diálogo político y que no sea preciso llegar a esos extremos.
En definitiva, desde la perspectiva de los intereses políticos y económicos españoles _Cataluña representa el 19 % de su PIB_, siempre dará mejor resultado la cultura del pacto que la del enfrentamiento. Y lo mismo podría decirse desde Barcelona. Sea como sea, Cataluña requiere análisis finos y no de brocha gorda.
