MADRID, 28 (OTR/PRESS)
Es inútil querer desactivar la arraigada sensación de que todos los partidos son iguales ante la tentación de meter la mano en la caja común como forma inconfesable de financiar las actividades de la propia organización política. Viejo asunto, sin embargo, en la reciente historia de la democracia española. La cuestión de la financiación ilegal de los partidos puede haber reverdecido con el caso Gürtel y sus derivadas valenciana y madrileña, pero en realidad ya estuvo en la primera página de todos los periódicos en los años noventa.
Dos fueron los emblemáticos y ruidosos casos de financiación en aquellos años. Coincidieron, respectivamente, con la decadencia política de Felipe González y la irresistible ascensión de un recién llegado José María Aznar. Del PSOE colgó el caso Filesa y del PP el caso Naseiro (por cierto, un antecesor de Bárcenas en el papel de tesorero). Pero mientras los procesados socialistas acabaron en la cárcel, los del PP se fueron de rositas. El resultado es que los socialistas se vacunaron, cosa que no puede decirse del PP, casi veinte años después de que el Tribunal Supremo echara abajo la instrucción del valiente juez Manglano por una «cuestión de procedimiento».
Desde entonces, el PSOE ha tenido en sus filas no pocos casos de corrupción. Sus dirigentes se apresuran a decir que son casos aislados. Sinvergüenzas que meten la mano en la caja y se llevan el dinero público a su bolsillo particular pero que nunca más ha vuelto a surgir un caso de financiación ilegal. Precisamente gracias al escarmiento derivado del caso Filesa. En cambio, el PP, que nunca le vio las orejas al lobo, se las está viendo ahora con el caso Bárcenas, muy similar al protagonizado entonces por su antecesor en el cargo, Rosendo Naseiro. De aquellos polvos vienen estos lodos.
Con semejantes antecedentes no sorprende la negativa del secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, a aceptar el Pacto contra la Corrupción propuesto hace unos días por Maria Dolores de Cospedal en nombre del PP, como una forma de frenar los efectos de los escándalos que han dejado por los suelos el prestigio de la clase política. El líder socialista viene diciendo que no está dispuesto a «un apaño que traslade a la sociedad el mensaje de que todos somos iguales, porque no es verdad». Ni tampoco comparte la conveniencia de revisar unas leyes que ya son bastante duras si hay voluntad de aplicarlas y, sobre todo, de adoptar medidas de carácter preventivo.
Las tomadas recientemente por la dirección oficial del PP no nos han sacado de dudas. Se basan en una doble investigación, interna y externa, de lo ocurrido en torno al llamado caso Bárcenas. Pero eso necesita tiempo. Y método. Si el trabajo fiscalizador de la auditora externa ni siquiera pasa por interrogar a Bárcenas y se nutre de las pruebas documentales que la dirección del PP quiera poner a su disposición, lo lógico es que nadie valore dichas medidas como la reacción creíble, rápida y eficaz de la que habla Cospedal.
