MADRID, 28 (OTR/PRESS)
Este próximo jueves, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, será recibido en el Palacio de la Zarzuela por el Rey Juan Carlos. Lo que en otras circunstancias hubiese sido simplemente una audiencia protocolaria tras su elección como jefe del Ejecutivo catalán, en este caso será algo más. El pasado jueves, el Parlamento de Cataluña aprobó una declaración institucional de marcado carácter independentista, reclamando el derecho a decidir y afirmando que la soberanía reside en el pueblo de Cataluña. Es más que probable que Mas, muy dado a sobreactuar en sus visitas institucionales a Madrid, aproveche para hacer entrega al Jefe del Estado del texto de la citada declaración, escenificando así una especie de relación bilateral de Estado a Estado.
Mientras tanto, el presidente del Gobierno se ha limitado a decir que el Ejecutivo ha encargado un informe a la Abogacía del Estado para saber si la declaración aprobada por el Parlamento de Cataluña es susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Constitucional porque tenga efectos jurídicos o no. Estamos ante la típica discusión de si son «galgos o podencos», porque lo que está claro es que Artur Más y CIU, perfectamente tutelados por Esquerra Republicana de Cataluña, siguen paso a paso la «hoja de ruta» independentista que se marcaron a raíz de la manifestación de la Diada el pasado 11 de setiembre.
La respuesta que debería dar el Gobierno de la Nación a este desafío independentista tendría que ser no solo jurídica, sino fundamentalmente política y cuanto mas tarde en hacerlo, peor. Entre otras razones, porque los nacionalistas son unos maestros en el arte del victimismo, en explotar eso de «España nos roba» o «Madrid no nos deja decidir nuestro futuro». Pero no parece que ni Rajoy ni su partido en Cataluña -que tuvo un discreto resultado en las elecciones autonómicas de noviembre- estén por dar esa batalla política.
Tampoco ayuda a hacer frente a los planes de Mas y de Oriol Junquera la situación en el seno de los socialistas de Cataluña. Un partido dividido internamente, donde no son capaces de ponerse de acuerdo sobre lo que quieren ser de mayores: federalistas, soberanistas o catalanistas a secas. Para solventar esa división interna, unos, el PP de Cataluña, apelan a un nuevo pacto fiscal. Otros, el PSC, plantean abiertamente la reforma de la Constitución que posibilite, dicen ellos, un mejor encaje de Cataluña en España. Ambos se equivocan y no quieren ver la realidad de los hechos: que los nacionalistas, lisa y llanamente, lo que buscan es la independencia y la ruptura con España. Eso tiene una respuesta jurídica, desde la aplicación de la ley, pero también política. El problema es que ni el PP ni el PSOE, quizás por diferentes motivos, quieren dar esa batalla.
