Rafael Torres – Al margen – Preferentes: ¿arbitraje o burla?


MADRID, 30 (OTR/PRESS)

Como el pacto contra la corrupción con que amagan el PP y el PSOE sea como el que han acordado respecto al caso de las Participaciones Preferentes, considerado unánimemente como la mayor estafa institucional de los últimos decenios, los corruptos pueden quedarse tranquilos, como hasta ahora. Los dos grandes partidos (grandes solo por su tamaño y por la envergadura de sus respectivas responsabilidades en la actual ruina de España) se han enrocado con la intención de burlar a las víctimas del despojo masivo perpetrado por las Cajas nacionalizadas, que no otra cosa, una burla, es el invento de ese «arbitraje» que pretende consagrar el despojo, la exacción, la requisa y la incautación de los ahorros de las personas precisamente.

Al PSOE de Rubalcaba le ha dado el siroco de pactar con el PP, pero a nadie se le oculta que con quien debería pactar es con la gente, con los ciudadanos españoles, desde el compromiso de defender sus derechos, hoy amenazados, cuando no laminados, por el Gobierno de la derecha. Uno de esos derechos atropellados vilmente, el de la propiedad y el uso del modesto patrimonio personal de los españoles depositado en las Cajas de Ahorro tradicionales e institucionales para su gestión y custodia, tanto más necesario hoy para ellos por la pavorosa situación social y económica, queda doblemente atropellado por el contubernio de esos dos partidos, o eso, al menos, es lo que creen ellos, pues los Juzgados, bien que a costa de más gasto innecesario para todos (para el Estado, para las víctimas del monumental ilícito, para la ciudadanía en general y, a la postre, para quienes desde un uso abominable del poder no han querido resolverlo desde la equidad y la cordura), bullen con las miles de denuncias de los que no se resignan al despojo de sus bienes, y cuyas sentencias habrán de serles, porque el escándalo es de los de blanco y en botella, favorables.

Ese arbitraje fue encargado, en el caso de Bankia, a una consultoría afín (las víctimas no tendrían inconveniente en poner ellas el árbitro), que seleccionará los casos que le de la gana, que será «supervisado» por quienes (CNMV y B.de E.) no supervisaron debidamente lo que debían y cuando debían, y que, por lo demás, fallará a favor sólo de pequeñas cantidades y de víctimas extremas (analfabetos, invidentes, ancianos…), no conseguirá lo que pretende, salvar la cara de quienes, PP y PSOE, tanto hicieron por hundir desde dentro esas Cajas y, a su rebufo, el sistema financiero y el bienestar de los españoles.

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