Antonio Casado – Políticos y jueces.


MADRID, 6 (OTR/PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción, en relación con los mentadísimos sobresueldos reflejados en las famosas listas de la presunta contabilidad secreta del PP, y la Audiencia Nacional, en relación con la trama corrupta vinculada a este partido y dirigida por el tal Francisco Correa, se han hecho presentes. Es lo que toca en el deber de esclarecimiento de la verdad que tienen todas las instituciones. Un alivio para los ciudadanos, que así disponen ya de barandillas en las que apoyarse sin perderse en los juegos de palabras de los políticos. Se nos niega la verdad política pero avanzamos en la verdad judicial. Buena noticia.

El juez Pablo Ruz, que instruye el llamado caso Gürtel, ha citado para el próximo día 25 al extesorero del PP, Luis Bárcenas, para esclarecer todo lo relacionado con sus cuentas opacas en Suiza. Al tiempo ha reclamado información de la temida Agencia Tributaria respecto a otros imputados en el caso que puedan haberse acogido también a la benevolencia fiscal decretada por el Gobierno Rajoy para los grandes defraudadores.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción llamó a declarar este miércoles pasado a Luis Bárcenas y al exdiputado del PP, Jorge Trías, por separado, para investigar lo que hay de verdad y lo que hay de mentira en las famosas listas publicadas estos días en los medios de comunicación, con supuestas donaciones interesadas y supuestos sobresueldos a jerarcas del partido. Además, el fiscal, Antonio Romeral, ha pedido a la Agencia Tributaria y al Tribunal de Cuentas la relación de ingresos y pagos que se desprendan de sus declaraciones desde el año 2000. La investigación abierta por la Fiscalía, que está bajo secreto, trata de descubrir la «posible existencia de una caja B en el Partido Popular».

El fondo del asunto, es mejor que no lo olvidemos, no es tanto el escándalo de las listas sino la presunta financiación irregular del PP y el presunto origen ilícito de ciertas donaciones económicas procedentes de empresas agradecidas. Los jueces deben averiguar si se han hecho donaciones superiores a los 60.000 euros anuales de un solo donante porque eso está expresamente prohibido en la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Y también debe averiguar si hay relación entre las donaciones de las empresas al partido y los contratos o concesiones de obra adjudicados a dichas empresas por administraciones gobernadas por el mismo partido. Sobre esos supuestos, o esas sospechas, trabaja el juez Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel.

En cuanto a la dimensión política del escándalo, el frenazo del PP a las propuestas de la oposición para hacer comparecer en el Congreso a Mariano Rajoy y crear una comisión parlamentaria ha reforzado la ofensiva del PSOE, que sigue pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno «por el bien de España». Inusitada dureza verbal la del secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, que pone a los ciudadanos ante el dramático dilema de elegir entre un Gobierno presuntamente corrupto y una España temporalmente sumida en el desgobierno.

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