Fermín Bocos – A dos pasos de una revuelta.


MADRID, 6 (OTR/PRESS)

La arrogancia que destila la corrupción se está haciendo insoportable. No sé a cuánto estamos de una explosión social, pero se ve venir. O la Justicia empieza a hacer justicia o el personal acabará echándose a la calle. Me gustaría encontrar las palabras capaces de reflejar el hondo sentimiento de indignación y frustración que anida en las conversaciones de la calle, en los bares, en el metro, entre los estudiantes… Entre quienes están en el paro y entre los que temen perder su puesto de trabajo. Ver la televisión o leer los periódicos se ha convertido en un ejercicio de riesgo para quienes tienen la tensión alta. La mitad de la escaleta de los telediarios son historias de corrupción y la otra mitad gentes que salen a defender lo indefendible. Al agua sucia que desplazan los casos más notorios (Bárcenas, Gürtel, Urdangarin, ERES de Andalucía, ITV, Pujol Ferrusola, etc) se suman otro tipo de corrupciones. Ahora resulta que en alguno de los bancos y cajas entrampadas y rescatadas con dinero público han diseñado un plan de reducción de plantillas que en algunos casos permitirá jubilaciones a partir de los 53 años. También las retribuciones por despido serán superiores a lo establecido por la reforma laboral para el resto de los mortales de a pie. Quienes han diseñado tan estupendo plan lo defienden argumentando que es el resultado de un acuerdo con los sindicatos que evita una huelga que ya estaba convocada. ¡Magnífico! pensarán los llamados a beneficiarse, pero, ¿y los demás? ¿Qué dicen quienes pagan -quienes pagamos- las fiestas con nuestros impuestos? La respuesta cabe en una palabra: ¡Hartos! Estamos hartos de estar rodeados de «listos» instalados en instancias que les permiten burlarse de los ciudadanos corrientes. Si lo de las cajas de ahorros quebradas ya fue un escándalo doblado de estafa (quien tenga dudas que lea los folletos del tocomocho de las preferentes), la pretensión de cargar, de nuevo, sobre los contribuyentes el expediente de regulación de empleo que se anuncia es un abuso. Y como tal, es rechazable.

Si es que no estamos ya instalados en ella, nos encaminamos a velocidad de crucero hacia una sociedad de incluidos y excluidos. Y no me refiero únicamente a los seis millones de parados. La reducción voluntaria de salarios que se ha impuesto en muchísimas empresas como medida para evitar los despidos ha convertido en «mileuristas» a tres cuartas partes de los 17 millones de españoles que todavía tienen un puesto de trabajo. Bajan los salarios pero la vida sube porque han subido los impuestos y, desde el agua al gas pasando por la luz, la gasolina, los alquileres o las tasas universitarias, todo sube. La gente está muy quemada. Todas las encuestas reflejan una desconfianza generalizada hacia los políticos y las instituciones. En ese clima de desesperanza fermentan las noticias sobre los casos de corrupción que implican a personajes públicos (políticos, financieros) que creen tener derecho a ser protegidos de sus propios errores mientras que a los demás se les considera indignos de tal privilegio. Ya digo: o la Justicia empieza a hacer justicia (sin dilaciones, sin eternizar los sumarios) o el personal acabará echándose a la calle. No quisiera exagerar pero creo, sinceramente, que estamos a dos pasos de una revuelta.

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