MADRID, 18 (OTR/PRESS)
Cada dos días, un joyero sufre un atraco en algún lugar de España. Los joyeros pagan sus impuestos, como todo el mundo, para que se abonen, entre otros, los sueldos de los policías y de los jueces, pero los policías se ven incapaces de neutralizar esta ola de delincuencia que tiene ya cinco años de antigüedad. Las consecuencias económicas son la negativa de las compañías de seguros de contratar con el gremio, con lo que, cada vez que abren la puerta, se juegan el patrimonio del que pretenden vivir. Las consecuencias psicológicas son peores: ansiedad, insomnio, incluso tomar la decisión de tener que abandonar la actividad comercial, porque el miedo se convierte en un acompañante que amarga la existencia.
La otra semana un joyero respondió con los disparos de su pistola a dos atracadores, cuando uno de ellos había puesto la navaja en el costado de su hija. El juez le ha puesto en libertad, pero con cargos. Si los jueces sufrieran un atraco en los juzgados cada dos días, y en ellos trabajara una hija suya, que se pudiera ver en peligro, posiblemente su interpretación de la legítima defensa y la «reacción proporcionada» sería diferente. Para que el joyero hubiera salido de los juzgados sin cargos y, ahora, su familia no estuviera atribulada y su hija en tratamiento, hubiera tenido que actuar de forma caballeresca: «Señor atracador, perdone usted. La punta de la navaja que está en el costado de mi hija ¿lo hace para asustarme o tiene la intención de clavársela? Porque si va a usar la navaja, tenga cuenta, caballero malhechor, que yo tengo aquí un revólver». Y, de esa manera, la hija del joyero podría estar muerta o malherida, pero, eso sí, el joyero estaría libre y sin cargos. Depende de que el juez se lo coja -el código penal- con papel de fumar y aplique la reacción proporcionada a favor del delincuente, o se acoja al «miedo insuperable». Pero, por desgracia, los jueces no son atracados en los juzgados, ni tienen a sus hijas trabajando allí.
