Antonio Casado – Bárcenas, que no cesa.


MADRID, 8 (OTR/PRESS)

El barón de la peineta ya ha conseguido que el caso Bárcenas sea el caso PP en sede judicial. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, a la vista del correspondiente informe policial que él mismo había solicitado, ha decidido judicializar el proceso indagatorio sobre las famosas listas. Será una pieza separada del caso Gürtel. Avanza la tesis de que, como muchos hemos venido sosteniendo, Correa (el cerebro de la trama) y Bárcenas (el extesorero) son dos caras de la misma moneda. El juez rastrea las cuentas de aquél en Singapur (está cursada la comisión rogatoria) y ya destapó las de éste en Suiza (38 millones de euros, según el propio Bárcenas). Ahora ha topado con datos coincidentes en la acumulación de las fortunas que fueron a parar a los respectivos bolsillos del uno y del otro. Aparecen en pruebas documentales del sumario Gürtel y en los papeles de Bárcenas publicados por El País a partir del 31 de enero.

Las coincidencias tienen que ver con la financiación ilegal del PP y la financiación ilegal de Luis Bárcenas. Queda por saber si también hubo financiación ilegal de dirigentes del PP que, según las listas de Bárcenas (parcialmente verdaderas, parcialmente falsas), habrían cobrado sobresueldos con cargo a 7,5 millones de euros aportados a modo de «peajes» por empresas agradecidas entre 1990 y 2009, aunque esto ha sido sistemáticamente negado por la dirección oficial del partido.

Con la incorporación de la contabilidad opaca del PP al sumario Gürtel, se extienden al extesorero las hipótesis del juez Ruz en lo que atañe al cerebro de la trama Gürtel. A saber, que «la práctica totalidad» de los recursos económicos obtenidos por Correa e ingresados en cuentas corrientes fuera de España «proceden de actividades ilícitas». Se refiere a «fondos procedentes de pagos a cargos públicos vinculados a adjudicaciones irregulares», y por los que Correa «habría recibido igualmente importantes pagos» (El entrecomillado pertenece a un pasaje de la comisión rogatoria cursada ante las autoridades de Singapur).

Con la judicialización del espinoso asunto de la contabilidad secreta del PP (o del tesorero del PP, si se prefiere), la derivada política sigue pesando como una losa sobre el partido de Rajoy, del que el presidente del Gobierno dice ser «incompatible con la corrupción», y haber hecho «un ejercicio de transparencia», a pesar de ser víctima de unas «técnicas de agitación» puestas en marcha «para hacer daño al PP». Los dirigentes del PP han negado hasta la saciedad que hubiera contabilidad opaca en el PP y, con su balbuciente política de comunicación sobre el caso, no se han esforzado demasiado en atender «el derecho que tienen los ciudadanos a saber que están gobernados por personas honradas e íntegras, especialmente cuando se les están reclamando sacrificios para superar la grave situación económica» que está padeciendo nuestro país, según el discurso que hacía el propio Rajoy antes de volver a refugiarse en el silencio.

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