MADRID, 15 (OTR/PRESS)
El próximo miércoles Europa se juega algo más que una sentencia brutal contra España, contra centenares de víctimas no sólo del terrorismo sino de muchos delincuentes imposibles de rehabilitar. Unos y otros dejaron una herida que sigue abierta en nuestra sociedad, un reguero de sangre, de dolor y de vergüenza; son personajes que arruinaron la vida a cientos de familias y que provocaron no sólo alarma social sino miedo a manos llenas, mezquindad, torturas, asesinatos que se remataban con un tiro en la nuca al más puro estilo mafioso sin que nunca apareciera un brizna de arrepentimiento en la inmensa mayoría de ellos; muy al contrario, brindaban después de cada atentado para mostrar su alegría por las muertes de tantos seres inocentes.
Por eso, porque tal vez no sabemos nada de Derecho pero sí mucho de sangre derramada, no dimos crédito cuando, en su momento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenaba al Estado Español -por la aplicación de la llamada «doctrina Parot»- no sólo a dejar en libertad a la etarra Inés del Río Prada sino a indemnizarla con nada menos que 30.000 euros por «daños morales». Habría que recordar que esta mujer «dañada moralmente» fue condenada por 23 asesinatos y 57 intentos de asesinato, entre otros delitos, a penas de más de 3.000 años de prisión. Y es a esta mujer a la que Tribunal Europeo dice que hay que indemnizar porque bastante «daño moral» ha sufrido la pobre.
Pero es que si el miércoles próximo la Gran Sala del Tribunal Europeo ratifica la sentencia, recurrida por el Gobierno español, habrá que liberar e indemnizar a más «dañados moralmente» como Baldo, Mamarru o Santi Potros, y a Domingo Troitiño (Hipercor, 21 muertos y más de 40 heridos), Inmaculada Noble Goicoetxea (comando Madrid con el huido José Ignacio de Juana Chaos, 12 guardias civiles muertos), Antonio López Ruiz, (8 asesinatos entre otros el de su ex compañera Yoyes), Ignacio Erro Zazu (8 asesinatos), José Félix Zabarte Jainaga (15 asesinatos, entre ellos el de la mujer embarazada de un miembro de la Policía Nacional en abril de 1983) y, ya de paso, también quedarán en libertad y se supone que indemnizados «por daños morales» tipejos cómo Pedro Luis Gallego Fernández (18 violaciones y 2 asesinatos), Pablo Manuel García Ribado (50 ataques a mujeres con resultado de violaciones, lesiones y robos) Miguel Ricart Tárrega (el de los asesinatos de las tres niñas de Alcàsser) y así podríamos seguir enumerando nombres de narcotraficantes y mafiosos con historiales de escalofrío que hasta la aplicación de la llamada «Doctrina Parot» -rechazada en primera sentencia por el Tribunal de Estrasburgo- reducían su condenas a prácticamente nada con sólo apuntarse, por ejemplo, a un curso de jardinería.
Posiblemente no se hicieron las cosas todo lo bien que tendrían que haberse hecho en su momento, pero hay algo que está por encima de los procedimientos: las víctimas en primer lugar y luego el sentido común, el peligro social, la vergüenza que provoca escuchar -por muchos argumentos jurídicos que se ofrezcan- que a una asesina responsable de 23 asesinatos se la considere «dañada moralmente». Insisto en que la llamada «doctrina Parot» fue polémica y muy posiblemente debió hacerse de otra manera; no lo sé. Lo que tengo claro es que si el miércoles la Gran Sala ratifica la primera sentencia en lugar de aceptar -y en todo caso reordenar la aplicación de la legislación española en este caso- no sólo España sino Europa toda habrá dado un paso atrás irreparable en el recto proceder de una institución que para muchos perderá cualquier credibilidad. Ante la garantía que debe ofrecer la Justicia, están los hechos, la realidad: los muertos y sus familias; y la realidad y los hechos de quienes pueden ser puestos en libertad y calificados cono «dañados moralmente» rebosan sangre inocente por todos lados, su historia es una historia de sangre y muerte y torturas sin el menor asomo de arrepentimiento. El imperio de la Ley no puede estar ajeno a eso o seremos nosotros los que estaremos ajenos a la Ley.
a.aberasturi
