Antonio Casado – Europa nos corrige.


MADRID, 18(OTR/PRESS)

A la luz de una directiva del año 1993, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha descubierto que España se pasa por el arco del triunfo los derechos de los consumidores en materia de créditos hipotecarios. El desprecio de los mismos, materializado en las llamadas «cláusulas abusivas» que aplastan al usuario cuando menos lo espera, alcanza (o alcanzaba, hasta ahora) su mayor grado de dramatismo en el procedimiento de desahucio, que se inicia (o se iniciaba, hasta ahora) tras el primer impago de una mensualidad.

Lo que viene a decir la sentencia del alto tribunal europeo es que, a partir de ahora, un juez podrá paralizar un desahucio si el hipotecado presenta la correspondiente demanda de disconformidad cuando el banco decida iniciar el desalojo de la vivienda. Por otra parte, y en todo caso, el banco no podrá iniciar el procedimiento de desalojo antes del tercer impago, según la anunciada norma que el Gobierno piensa introducir al rebufo de la celebradísima sentencia europea.

Sentencia celebrada por unos y denostada por otros. A partir de una constatación: que en España mandan los jerarcas de Bruselas. Unos replican que por desgracia, y otros que gracias a Dios. Ese es el meollo del debate. Servidor se alinea claramente con los primeros, con los que asumen que desgraciadamente tenga que ser la Unión Europea la que nos señale el camino. A muchos nos hubiera gustado más que fueran nuestros gobernantes, éstos o aquéllos, los firmantes de esta decisión hace mucho tiempo. Pero nos quedamos con las ganas.

Y así hubiéramos seguido mucho tiempo más de no ser por este varapalo judicial europeo, conocido apenas veinticuatro horas después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hubiera dicho públicamente que la dación en pago o la suspensión de las ejecuciones hipotecarias dañarían el funcionamiento del mercado y perjudicarían a las familias aspirantes a un crédito de acceso a la compra de una vivienda.

En realidad la sentencia europea no dice otra cosa distinta de lo que ya vienen reclamando los movimientos sociales en general y, en particular, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que con tanta firmeza y tanta generosidad viene liderando Ada Colau. Que los desahucios, tal y como se están llevando a cabo en nuestro país, son ilegales y abusivos.

Nunca es tarde, pero lo cierto es que la sentencia, y la intención del Gobierno de trasladarla inmediatamente a la legislación española, llegan cuando las cifras ya se han hecho insoportables a caballo de la crisis económica que padecemos. A saber: si entre 2003 y 2007, los años de vino y rosas, se tramitaron 33.882 ejecuciones hipotecarias, durante los años de la crisis que van desde 2008 hasta 2012 ese número se ha disparado hasta las 198.116. Son datos del Consejo General del Poder Judicial, que revelan un aumento del 487,7 % de esas dramáticas situaciones para miles de familias españolas.

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