Rafael Torres – Al margen – Los de las preferentes quieren ser chipriotas.


MADRID, 20 (OTR/PRESS)

¿Qué confianza, qué crédito puede merecer un presidente de Gobierno que dice ser contrario a que los chipriotas paguen con sus ahorros el «rescate» de la banca de su país, pues no son responsables de la situación a que ésta ha llegado, en tanto dicta y consiente el expolio de los españoles que tienen sus ahorros atrapados desde hace 15 meses en las Cajas nacionalizadas y que van a ser obligados por su Gobierno a sacrificar una parte sustancial de ellos para «rescatar» a esos bancos precisamente?

El caso español, focalizado para desgracia de cientos de miles de familias en la comercialización fraudulenta de Preferentes y Subordinadas de que fueron víctimas, es, en todos los órdenes, infinitamente más sangrante que el chipriota, pese a serlo éste también mucho. La mayoría de los españoles estabulados en el «corralito» que padecen y de los amenazados por «quitas» brutales en sus patrimonios, son ahorradores particulares, jubilados en muchos casos, y no blanqueadores rusos ni militares ingleses de alta graduación. Las Cajas que les vendieron los productos tóxicos como si fueran depósitos o fondos corrientes, se hundieron y quebraron por la catastrófica gestión de sus directivos y por la pésima vigilancia de las instituciones de control, desde el banco de España a la CNMV, pasando por el propio gobierno de la nación, y no por la imposible morosidad de los ahorradores particulares ni por la mala cabeza de éstos. Sin embargo, Rajoy, tan sensible con los chipriotas, considera que los españoles, sus compatriotas, sí tienen que pagar, con sus patrimonios, con su salud, con su pan, los platos rotos.

Bankia, que anda gastando el dinero de los afectados por sus Preferentes en campañas publicitarias que hablan de principios, no quebró porque la gente más previsora, sacrificada y sensata, los ahorradores, le confiaran su dinero, sino porque con malas artes se lo apalancó para tapar los gigantescos agujeros de sus cuentas, destrozadas por los créditos suicidas al ladrillo, los favores políticos y las escandalosas retribuciones de sus ineptos directivos. ¿Han de pagar las víctimas los dislates (si es que no delitos, cual anda considerando la Audiencia Nacional) de sus verdugos?

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