MADRID, 25 (OTR/PRESS)
Con buena lógica dice el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que los fondos de ayudas a empresas en crisis y a sus trabajadores no eran «fondos de reptiles», lo cual no quiere decir que los reptiles no se acercaran a esos fondos para apropiárselos parcialmente. Es lo que ocurrió en el escándalo de los ERE de la Andalucía socialista a lo largo de nueve años consecutivos. Quede claro que eso no exime de responsabilidad política a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, antecesor y sucesor, respectivamente, en la Presidencia de la Junta y en el liderazgo del PSOE andaluz.
La responsabilidad penal es otra cosa. A ese ámbito pertenecen las insinuaciones («vergonzosas y obscenas», según el PSOE andaluz) de los dirigentes del PP contra el actual presidente andaluz, que en aquel entonces era titular de una Consejería (Economía) sin competencias en la distribución de las ayudas, aprobadas por el Parlamento. Llegaron a sumar en torno a los setecientos millones de euros entre 2001 y 2010.
No parece muy justo relacionar a Griñán con «una organización criminal» (así se califica en un informe de la Guardia Civil), tal y como hacía este fin de semana pasado el secretario general del PP de Andalucía, José Luis Sanz, cuando fue la propia Junta de Griñán la que denunció los hechos ante el juez, ha colaborado en todo momento en el proceso indagatorio dirigido por la juez Mercedes Alaya y se ha sumado a las acusaciones particulares junto al PP y a los sindicatos.
También los sindicatos están en el punto de mira de la contraofensiva del PP con ánimo de compensar los devastadores efectos políticos y mediáticos del caso Bárcenas. Ha bastado el pasaje de un reciente auto judicial firmado por la juez instructora del caso, que recoge una declaración del director de la consultora Vitalia, la más favorecida con el cobro de comisiones abusivas por tramitar expedientes fraudulentos. Según escribe la juez, el tal Eduardo Pascual «presuntamente» habría pagado a los sindicatos más de cuatro millones de euros procedentes de las famosas «sobrecomisiones».
Tanto CC.OO. como UGT han negado cualquier relación con la trama de los ERE falsos. Es normal que hagan ese tipo de gestiones en nombre del trabajador. Otra cosa es que se prestasen a tramitar expedientes a sabiendas de que eran fraudulentos. En ese caso también deberían responder ante el juez. Es lo que está por demostrar. Y mientras tanto, sostener que los sindicatos están implicados en la trama por cobrar comisiones (0,5 por ciento de la prima) en los expedientes de los ERE andaluces es como decir que la Banca está implicada en el caso Bárcenas porque alguna comisión debió cobrarle por hacer sus transferencias a cuentas de otros países.
