MADRID, 25 (OTR/PRESS)
Sí, son días casi ya de vacaciones, o de vacaciones para muchos; días de esos en los que la Dirección General de Tráfico avisa de que se van a producir millones de desplazamientos; días en los que los cofrades miran al cielo, capirote en mano, no vaya a ser que llueva; días en los que los hosteleros confían en arreglar los agujeros del primer trimestre del año, en los que las playas se llenan… Pero no se deje usted, amable lector, engañar por la aparente calma vacacional. Los estallidos de la corrupción de los últimos años llegan a todos los rincones, de Andalucía a Cataluña, pasando por donde usted quiera; el «caso Bárcenas» se complica, lo de los ERE también -ha vuelto la juez Alaya- y gente enfurecida comete la injusticia de acudir a los domicilios privados de gentes del PP para expresar allí, ante el vecindario del político, su indignación.
Así que se acabó el tiempo de paz: Cospedal acusa al PSOE de incitar a la violencia «escrachista» (¿existirá ese palabro?) y la delegada del Gobierno en Madrid, persona habitualmente templada, acusa a Ada Colau -portavoz de la muy activa Plataforma de Afectados por la Hipoteca- nada menos que de apoyar a grupos «proetarras». Mientras, y desde el otro lado, en Sevilla gentes próximas al presidente de la Junta dicen que desde el poder (se supone que se refieren al PP) tratan de «acabar con Andalucía».
Mala cosa cuando la demasía, la exageración, la irrealidad, vuelven al lenguaje político. Malo que haya personas que acudan a los domicilios de gente honrada -como Esteban González Pons, que hubo de sufrir la vejación- para escarnecerlos a voz en grito, en una suerte de tribunal popular callejero; malo que los unos se defiendan de las acusaciones de los otros con el sempiterno «y tú más»… Pero es que todos esos casos de corrupción ahora redescubiertos -nada nuevo bajo el sol-, esas preferentes bancarias que a tantos han arruinado, lo mismo que los manejos de algunos responsables de Caja Madrid y Bankia, los escándalos que afectan a lo más granado de las instituciones, están poniendo a España al rojo vivo.
Y nadie hace nada para que conste la sin embargo patente moralización de un país en el que delinquir como (presuntamente) lo hicieron Bárcenas, los exsindicalistas afectos a la Junta andaluza, personajes ligados a la familia Pujol, ya no es tan fácil. Ni es tan fácil que conseguidoras internacionales, con sólidos anclajes en la Casa real -ya sabe usted a quién me refiero-, puedan seguir moviéndose a sus anchas con intereses nacionales de por medio. Habría que explicar que esta España de 2013 no es la misma que la de 2012, y menos que la de 2008, pero para ello habría que aclarar muchas cosas de las que ocurrieron entonces y nadie parece demasiado interesado en hacerlo. Los españoles, que sentimos vergüenza por lo ocurrido en el pasado, estamos ampliando nuestro sonrojo a un presente cuyas mayores culpas consisten en mantener el sigilo y la prudencia culpable -o sea, la complicidad- acerca de lo que ocurrió hace años.
Claro, lo que a nuestros demasiado prudentes representantes les gustaría es que esa calma vacacional, siquiera por unos días, fuese real. No lo es. El fuego arde en las calderas, a punto de reventar, y esto del «escrache» indignado, que yo, desde luego, desapruebo, no es más que un síntoma de que en algún momento de indignación colectiva pueda producirse un estallido. Confío en equivocarme, pero la verdad es que aquí, en este país en el que los representantes ni se acercan a los representados, nadie parece ser consciente de los riesgos de esta situación tan viciada.
