Carlos Carnicero – PP, treinta años de cloacas.


MADRID, 26 (OTR/PRESS)

La lista de miembros del PP imputados por casos de blanqueo de capitales y corrupción sigue un goteo interminable. Si quien llevó las finanzas del PP durante veinte años, Luis Bárcenas, está metido hasta el cuello en el lodo, su antecesor no le va a la zaga. Y el silencio de los jefes del PP durante estos treinta años promueve un ruido ensordecedor que únicamente no escuchan ellos.

Para los aficionados a extender la tinta del calamar, habrá que precisarles que este es el mayor escándalo de financiación ilegal de un partido en toda la democracia. Aquí no vale «el y tu más». Naturalmente habrá que disociar las partidas de este saqueo. Por una parte, el enriquecimiento ilícito de estos tesoreros millonarios. Han hecho una carrera de relevos sin que nadie en el Partido Popular haya hecho nada en treinta años para parar esta estafa. Están las entidades donantes, que tan generosas han sido con el PP, y las coincidencias con concesiones públicas donde este partido tenía poder para otorgarlas. Y la trama de corrupción Gürtel que forma una tela de araña con las finanzas del partido.

Si la respuesta del PP ha sido el silencio e indemnizaciones millonarias por despido para estos sátrapas, la connivencia en la ley de la Omertá no puede promover sino una investigación exhaustiva de todo este asunto.

Mariano Rajoy es un presidente de Gobierno y del PP víctima de complicidad o de chantaje. Cualquiera de las dos circunstancias le inhabilitan para ejercer sus cargos. Y además, está por resolver la duda razonable de quienes de los actuales y pasados dirigentes de este partido cobraron sobresueldos , probablemente como un rito de silencio, de los tesoreros del PP.

No cabe duda de que Mariano Rajoy, que es un maestro en el arte del silencio y la dilación, espera que escampe el temporal, al amparo de frases para la historia, como «todo es falso, salvo alguna cosa». La Justicia española es lenta y garantista. Pero haciendo abstracción de los tiempos, también es concienzuda.

Ni el PP ni el Gobierno están en su mejor momento para pretender un trato de favor de los jueces y fiscales que investigan e instruyen estos casos. El nivel de desconfianza y desafección de los ciudadanos, incluidos la mayoría de sus votantes, le privan de un blindaje de opinión pública. Y las perspectivas económicas no apuntan al optimismo en una sociedad que cada día estará más propensa a los reclamos.

Un Gobierno bajo sospecha de una corrupción generalizada durante treinta años en los manejos de la finanzas de su partido, no está en condiciones de generar apoyos ni siquiera en las instituciones que pretende controlar.

Treinta años de relevos en tesoreros corruptos son, sencillamente, inadmisibles.

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