Antonio Casado – La imputación.


MADRID, 5 (OTR/PRESS)

Por supuesto que tanto el fiscal como el juez actúan en defensa de la legalidad. Sin embargo, y en nombre de la misma causa, el imperio de la ley, hacen una valoración contrapuesta de la conducta de la Infanta Cristina en relación de las actividades del Instituto Noós, de cuya junta directiva formaba parte, y de la sociedad Aizoon, que era como la caja registradora de lo que ella y su marido recibían de Noós.

Según el juez Castro, hay indicios suficientes para imputarla como colaboradora necesaria de Urdangarín y, sobre todo, como consentidora en servir de reclamo para obtener un trato generoso de administraciones públicas y empresas privadas. En cambio el fiscal del caso, Pedro Horrach, entiende que la Infanta no debe ser imputada porque no hay indicios de que fuese un elemento activo en el proceso de toma de decisiones del instituto que presidía su marido. Por eso recurre la decisión del juez. Y al recurrirla alimenta la controversia de una opinión pública dividida.

Así es: unos con el juez y otros con el fiscal. Y en este punto conviene precisar la condición de aquél, que se expresa con independencia mediante autos y sentencias, mientras que éste, el fiscal, está sometido al principio de dependencia jerárquica. Como es bien sabido, en el vértice de la pirámide de mando del llamado Ministerio Público está el Fiscal General del Estado, cuyo nombramiento corresponde al Gobierno. Lo cual es suficiente para que en estos últimos días se haya instalado la sospecha de que Moncloa ha tomado partido a través de la Fiscalía. Un elemento más de confusión que se superpone a la ya bastante confusa polémica sobre el futuro de la Monarquía.

Lo recurrente es hablar de la imputación de la hija del Rey como un grado más en el progresivo desprestigio de la Corona. Otros creemos que la no imputación la hubiera desprestigiado más, si tenemos en cuenta el alto nivel de conocimiento acumulado por los ciudadanos sobre el caso que nos ocupa. No se podía entender que de los cinco miembros de la junta directiva de Noós estuvieran imputados a todos menos la infanta, salvo que, efectivamente, el juez ignorase el dogma civil de la a igualdad ante la ley.

También es recurrente hablar del daño a la marca España, como ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, o dejarse llevar por la enormidad de una eventual quiebra de la Monarquía en España. Otros, en cambio, creemos que la imputación de la infanta es un síntoma de salud del sistema. Lo mismo que el recurso del fiscal. Todo eso forma parte del normal funcionamiento del Estado de Derecho y en absoluto debe afectar a la continuidad de la Monarquía Parlamentaria, que es el ropaje básico de nuestro ordenamiento jurídico-político.

Alguien debería salir al paso de esta asamblearia confusión entre las desventuras de la infanta Cristina, las de su marido, y hasta las del Rey, con el futuro de una institución cuyo funcionamiento está regulado constitucionalmente y, por supuesto, transciende el ámbito de las personas que la representan. Nada tiene que ver el horizonte penal de doña Cristina con la continuidad de la Monarquía Parlamentaria. Son magnitudes distintas, distantes, completamente heterogéneas. Y todo esto lo debería decir alto y claro el presidente del Gobierno. A ser posible en sede parlamentaria, porque resulta cuando menos chocante que el Parlamento se esté enterando por la prensa de todo lo que le está ocurriendo a la Monarquía Parlamentaria.

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