Antonio Casado – Por el artículo 33.


MADRID, 10 (OTR/PRESS)

Confieso que en un primer momento la noticia me desconcertó. A bote pronto parecía un disparate, un producto demagógico del gobierno de izquierdas que gestiona los intereses generales de los andaluces. Me refiero a una polémica medida legislativa que entra en vigor este mismo jueves, por la que la Junta de Andalucía queda habilitada para expropiar viviendas a los bancos cinco minutos antes de que éstos se queden con ellas mediante el consabido proceso de desahucio.

Un mayor acercamiento al texto y las motivaciones de este decreto-ley de la Junta permite reunir los elementos de juicio necesarios como para apoyar la medida. Y como para rebatir el principal argumento de fondo al que se enfrenta: una presunta violación del derecho a la propiedad privada. Es verdad que se trata de un recorte a ese derecho fundamental que se proclama en la Constitución Española. Pero todos los derechos tienen sus límites. Y en este caso están perfectamente tipificados en los artículos 33 y 128 de la norma que regula nuestra convivencia al máximo nivel.

Me limito a reproducirlos. Después de proclamar el derecho a la propiedad privada y la herencia, el artículo 33 fija la función social de la propiedad como límite que, eso sí, debe regularse legalmente. Dice luego en su punto tercero: «Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes». Me parece que no hay dudas.

Aún más claro, si cabe, es el artículo 128 de la Constitución, donde se vuelve a proclamar el principio de que toda la riqueza del país, «en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general». En consecuencia, se reconoce a los poderes públicos la capacidad de «acordar la intervención de las empresas cuando así lo exige el interés general». No es el caso, como veremos enseguida.

La medida de la Junta de Andalucía habla de la posibilidad de expropiar solamente el uso, y no la propiedad, de unas viviendas que, sometidas a un proceso de desahucio, van camino de quedarse deshabitadas. Y aún así, con cláusula indemnizatoria. Se prevé que la comunidad autónoma pagará a los bancos el 2 por ciento del justiprecio fijado para la vivienda, una vez que el ayuntamiento correspondiente haya acreditado que existe riesgo de exclusión social o peligro para la salud física o psíquica de las personas sometidas al procedimiento de desahucio y solo un minutos antes de que, agotada la vía de la negociación, la familia esté a punto de ser desalojada.

Ahí es donde uno ve las principales dificultades. En el riesgo de arbitrariedad a la hora de determinar cuando existe riesgo de exclusión social o peligro para la salud de los ciudadanos, a juicio de un ayuntamiento.

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