MADRID, 10 (OTR/PRESS)
La Junta de Andalucía ha tomado una medida pionera para ayudar a las familias sin recursos que han sido desahuciadas. Una medida de justicia que contrasta con la vergonzante reforma de la Ley Hipotecaria que el PP pretende sacar adelante en el Congreso solo con sus votos.
El decreto que aprobó el martes el consejo de Gobierno andaluz lleva el evidente sello de Izquierda Unida. Su impulsora ha sido la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortes miembro de esta formación. Se tramitará como proyecto de ley y, aunque están seguros de que no admite impugnación, lo más probable es que el Ejecutivo de Rajoy lo recurra.
El decreto es una simple defensa del elemental derecho a no quedarse en la calle cuando las adversas circunstancias económicas impiden seguir pagando la hipoteca. No contempla la dación en pago pero sí una medida incluso más eficaz: la expropiación al banco por un periodo de tres años de la vivienda cuya familia, hasta ahora propietaria de la misma, no pueda seguir pagando y corra riesgo de exclusión social.
Esta norma no va a ser una llamada a los impagos. No afectará a segundas residencias y solo se podrán acoger a ella las familias sin recursos que, en la última fase del proceso de desahucio, no superen los quinientos euros de ingresos y no tengan donde meterse.
Además para incentivar el alquiler del inmenso parque de pisos vacíos se impondrán sanciones que pueden llegar a una multa de 9.000 euros a los bancos que no alquilen las viviendas producto de un desahucio. Demasiado ha tardado la Junta de Andalucía en afrontar este problema en una comunidad donde el paro supera a la media del resto del país.
Este decreto no pone en peligro los balances de las entidades financieras dado que la crisis económica les impide, de momento, vender los pisos que recuperan por impago dado que la caída de los precios no compensa las perdidas. En caso de surgir un comprador siempre pueden ofrecer a la familia otra de sus viviendas mediante un alquiler social.
Lo que realmente constituye un escarnio es el espectáculo de ver como Cajas y Bancos debaten que cantidad de sus activos inmobiliarios se van a pasar al llamado «banco malo», mientras familias enteras se ven con sus enseres en la calle.
La defensa a ultranza del sistema financiero, que tantos millones nos ha costado a los españoles mantener a flote, está en el origen de las protestas ante las casas de los políticos que tan escandalizados tiene a los dirigentes populares. En lugar de instar al Fiscal general del Estado para que persiga a los manifestantes al Gobierno de Mariano Rajoy se le podía ocurrir una iniciativa semejante para paliar el drama humano de los desahucios.
La obsesión de fiar al tiempo la solución de los problemas tiene, en este caso, mal pronostico. Lejos de ceder, los ciudadanos que en numero creciente se quedan sin techo, han encontrado en los movimientos de apoyo ciudadano como «STOP desahucios» la solidaridad que no encuentran en sus representantes políticos. La indignación crece y hay que encontrar remedio ya.
