MADRID, 20 (OTR/PRESS)
Resulta que, en medio de este fregado, con seis millones de parados y la cifra subiendo, con 34.000 viviendas desahuciadas y el evidente empobrecimiento de la población en general, hay gente con suerte.
Privilegiados que, en un momento de desplome general de las expectativas de mejora, han encontrado un puerto de refugio que les proporciona retribuciones de escándalo.
Lo más indignante es que vuelve a ser en una empresa participada por el Estado, Red Eléctrica, donde sus vocales cobran por asistir a los consejos, para decir, obviamente, amen a todo, 4.462 euros.
Su presidente, José Folgado, fue secretario de Estado en el gobierno de Aznar y alcalde de Tres Cantos hasta que le ofrecieron esta bicoca cobra la friolera de 55.000 euros al mes. Pese a que el Estado posee un 20% de la compañía, no ha sido el Ministerio de Industria el que ha dado la voz de alarma sobre las desorbitadas remuneraciones de la cúpula de la entidad; han sido los accionistas internacionales de la compañía los que han elevado una protesta porque tan altos sueldos van en detrimento de sus ganancias.
Y luego dicen que la luz es cara. El déficit de tarifa que, por cierto, asciende a mas de 24.000 millones de euros, no puede cargarse sobre los consumidores. A Folgado se le ha ocurrido (dar ideas no entra dentro de su sueldo) que los llamados gastos sociales como la subvención al carbón, los intereses de la deuda y el trasporte eléctrico a las islas, se paguen vía presupuestos. Es decir que los paguemos todos con nuestros impuestos.
Pero, José Folgado no es el único alto cargo «recogido» en esta empresa participada por la SEPI. La ex ministra de Sanidad, también del PP, Angeles Amador, ganó como consejera externa de Red Eléctrica 182.000 euros el año pasado.
Hay que decir, sin faltar a la verdad, que el ministerio de Industria de José Manuel Soria si se «interesa» por las empresas participadas. De hecho acaba de colocar en Enagás a Rosa Rodríguez que fue la segunda del ministro en otra etapa de su dilatada carrera política.
Los que se quedaron fuera de la mina de oro que supone la REE fueron el marido de Cospedal y Alvaro Nadal, compensado inmediatamente con el Secretaria de Estado de Energía. Tuvieron que renunciar, no sin dolor, porque la filtración de sus nombres produjo un revuelo de órdago.
La pregunta es si el paso por la política, e incluso por la administración del Estado, otorga un plus de conocimiento para cualquier materia que faculta a determinados privilegiados a vivir de los consejos de administración el resto de sus vidas. Si no sería exigible, a las empresas participadas por el Estado, la elección de los mejores profesionales del sector para sus cúpulas directivas.
No es el sueldo de diputados, ministros, o altos cargos (muy bajo por cierto con relación a Europa) lo que indigna a la ciudadanía, sino este tipo de prebendas y de sueldos abusivos a los que nadie pone coto.
